La imputativa sobre la presunta asociación ilícita dedicada a extorsiones que tiene a ocho detenidos, entre ellos el líder de la barra de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte y el secretario general del gremio de la construcción (Uocra) local Carlos Vergara, pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 8.30 en el Centro de Justicia Penal. La audiencia se pospuso luego de que las defensas reclamaran ante el juez Facundo Becerra que tuvieron sólo horas para interiorizarse de la causa y que no pudieron tener contacto con sus defendidos, de los cuales la mayoría ni siquiera estaban en la sala sino que seguían la jornada por Zoom.
La investigación está a cargo del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno y se conoció el miércoles de la semana pasada cuando solicitó una serie de allanamientos en domicilios particulares en la región como en las sedes del sindicato de San Lorenzo y Villa Constitución.
Una de las detenciones que dejaron los operativos que llamó la atención fue la del líder del paravalancha canalla en su casa de un barrio cerrado Ibarlucea donde le secuestraron unos seis millones de pesos y cerca de 18 mil dólares junto a otros elementos de interés para la investigación. Pillín estaba en libertad condicional por contar con una imputación de 2020 donde fue acusado por integrar una asociación ilícita que se dedicó al lavado activos de unos 40 millones de pesos.
Cuánto dinero encontraron en la casa de Alberdi del secretario general de la Uocra, Carlos Vergara
La otra fue en una vivienda de Nuevo Alberdi que pertenece al secretario general de la Uocra Rosario en la que los uniformados incautaron casi 40 millones de pesos. En esos procedimientos de hace una semana, también fueron apresados otros cinco hombres, identificados como Horacio M., Carlos Marcelo “Perico” P., Cristian Raúl D., Juan Manuel E. y Roque Raúl M., pertenecientes a dicho gremio.
El octavo detenido fue Juan Pablo M., de 39 años y también integrante del sindicato, el cual cayó este martes en un allanamiento que llevó a cabo el personal de la Agencia de Control Policial (ACP) en la localidad Villa Constitución.
Estas ocho personas quedaron incomunicadas hasta este miércoles a las 14 cuando debía comenzar la imputación y se conocerían los indicios recolectados por la Fiscalía durante la pesquisa que duró unos ocho meses tras la denuncia de un afiliado por aprietes mafiosos que lo obligaron a salir de la seccional Rosario del sindicato de la construcción –que abarca de la capital provincial hacia el sur e incluye delegaciones en nuestra ciudad, San Lorenzo, Villa Constitución, Cañada de Gómez y el Trébol–.
Además, el expediente menciona extorsiones por parte de un grupo de personas relacionadas con la banda de Los Monos y la barra de Central para quedarse con la concesión de los servicios de viandas y baños químicos en las obras.
La audiencia estuvo presidida por el juez Becerra y aceptó pasarla hasta este jueves a las 8.30 luego de que las defensas presentaran serios reclamos por no haber podido preparar el caso debido a que le habían entregado las actuaciones horas antes.
El penalista Carlos Varela hizo hincapié en una práctica que es habitual en el último tiempo en las audiencias sobre la presencia virtual de su defendido, Pillín Bracamonte, y resaltó en el entorpecimiento de su labor debido a que no puede consultarlo.
La misma postura tomaron los abogados de los demás acusados por estar en la misma situación salvo Vergara, quien estuvo presente con chaleco antibalas.
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