El primer juicio por un caso de bebés robados en España se abrió este martes, décadas después de conocerse que una gran cantidad de recién nacidos fueron sustraídos a sus madres para ser entregados a familias adoptivas bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Eduardo Vela, un antiguo obstetra de la madrileña clínica San Ramón, de 85 años de edad, está acusado por Inés Madrigal, empleada de ferrocarriles de 49 años, de haberla separado de su madre biológica y falsificar su acta de nacimiento, en junio de 1969.
Con aspecto y voz frágiles, el doctor, para quien la Fiscalía pide 11 años de prisión, fue interrogado ayer por una media hora en la audiencia inicial. Este miércoles tendrá lugar la segunda y última audiencia y no hay una fecha prevista para conocer la sentencia.
Denunciado desde hace años por la prensa y organizaciones de derechos humanos, Vela es el primer presunto responsable de robo de bebés en sentarse en el banquillo de los acusados, gracias al testimonio de la madre adoptiva de Inés Madrigal, Inés Pérez, ya fallecida.
Pérez, que no podía concebir, contó que Vela le “regaló” un bebé. Le pidió simular un embarazo y luego la declaró como madre biológica de la recién nacida.
Ante el juez de instrucción, Vela había reconocido en 2013 haber firmado “sin leer” el expediente médico, que indicaba que asistió al parto. Pero ayer, ante el tribunal, alegó no recordar nada y desconoció su firma: “Eso no es mío, no lo recuerdo”.
En el marco de este tráfico de bebés, comenzado bajo la dictadura de Francisco Franco, frecuentemente con la complicidad de la Iglesia católica, los hijos les eran arrebatados a los padres tras el nacimiento y declarados muertos, sin que se aportaran pruebas de ello.
Luego eran adoptados por parejas estériles, cercanas al régimen “nacional católico”.
Tras la Guerra Civil (1936-1939), el objetivo era castigar a los adversarios acusados de transmitir “el gen rojo” del marxismo, afirma Soledad Luque, presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”.
El fenómeno afectó luego a niños nacidos fuera del matrimonio, o en familias pobres o muy numerosas. Dicho tráfico perduró en democracia, al menos hasta 1987, por razones económicas, agrega Luque.
Pese a la amplitud del escándalo, denunciado por primera vez en la prensa en 1982, ninguna de las más de 2.000 denuncias de hechos similares ha llegado a buen puerto.
“La palabra impunidad es la que une las tres etapas”, dice Luque, quien busca a su hermano gemelo desaparecido en 1969 en una maternidad de Madrid.
Pero luego de tantos años, muchas familias han caído en la resignación. Los protagonistas van desapareciendo al correr de los años, como la monja María Gómez Valbuena, considerada frecuentemente como la cabecilla del tráfico en Madrid, y muerta antes de ser juzgada.
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