Candela Ramírez
La Mesa Coordinadora de Organismos de Derechos Humanos de Rosario ultima detalles para el próximo 24 de marzo, 48° aniversario del último golpe de Estado en Argentina. Ante el primer gobierno nacional, desde 1983, que abiertamente niega o relativiza o en algunos casos acuerda con las acciones de la última dictadura militar, será una fecha importante de movilización callejera y disputa de sentidos en el proceso de construcción de Memoria del país.
Pero la convocatoria no escapa a la agenda y el contexto de violencia letal que sufre Rosario, por lo que este año habrá algunos cambios. En principio la convocatoria será a las 14 (dos horas antes de lo habitual) en la Plaza San Martín para iniciar la marcha hasta el Parque Nacional a la Bandera a las 15 hs. El recorrido de la marcha no incluirá pasar por Tribunales Federales, donde se investigan actualmente delitos de lesa humanidad.
A orillas del río Paraná habrá un escenario donde se esperará la llegada de todos los asistentes, mientras sonará música en vivo y luego se dará lectura al documento confeccionado para la fecha. Se espera que el evento termine entre las 17 y 18, para que todos puedan volver temprano y seguros a sus casas.
Los crímenes y amenazas que sufrió la ciudad la primera semana de marzo reestructuraron el calendario de movilizaciones del mes: en principio la marcha del 8 de marzo, por el Día Internacional de las Mujeres, tuvo que reprogramarse (y finalmente, por la lluvia, este sábado 16 de marzo se suspendió definitivamente). La del 24 se mantiene en pie pero se cambió el horario para que el cierre no se pise con la noche, para que haya mayor frecuencia de transporte público y luz para llegar de forma un poco más segura.
Por otro lado, los organismos de derechos humanos locales se pronunciaron acerca de los anuncios gubernamentales que incluyeron la llegada de más efectivos de las fuerzas de seguridad y la novedad de la intervención de Fuerzas Armadas para algunas tareas. Es la undécima vez que se anuncia algo así en Rosario, por lo que la Mesa Coordinadora ya sabe de qué se trata y en diálogo con El Ciudadano aportaron su mirada.
En un comunicado publicado esta semana expresaron solidaridad con las familias de las víctimas “de la furia indiscriminada que avanza sobre nuestra sociedad” y marcaron que “ las propuestas del Estado en los tres niveles apuestan a una respuesta más violenta”. El mismo cerraba con la proclama “no a la militarización de Rosario” y “basta de violencia y muerte en las calles de Rosario”.
“Nunca la crueldad es la solución y mucho menos la impunidad, no creemos que el que comete un delito no deba ser detenido o encarcelado pero eso de ‘bala para los delincuentes’ no es el camino”
“Estamos preocupados porque es la única solución que se ofrece. Ya se ha demostrado en todo el mundo prácticamente que no es ese el camino: oponer solo violencia con más violencia de parte del Estado no es la solución”, manifestó Tomás Labrador, integrante de Hijos.
“Hemos tenido etapas de saturación de fuerzas de seguridad en distintos barrios. El Estado no puede responder a través de la crueldad con personas privadas de la libertad por más que estén condenados y tenga delitos graves. Hace muchos años como organismos de derechos humanos veníamos diciendo que no podía no prestarse atención a que en los barrios ocurrían situaciones de mucha violencia”, amplió y recordó que siempre “se decía que eran ajustes de cuentas entre bandas”: “Ya advertimos que los habitantes de esos barrios estaban sufriendo la mayor inseguridad”.
En este sentido, puntualizó en la experiencia de la ciudad colombiana Medellín que pasó de tener una de las cifras de violencia letal más altas del mundo y que de 375 homicidios por cada 100 mil habitantes pasó a tener 20. Justamente este domingo salió publicada en La Nación una entrevista a Sergio Fajardo, ex alcalde de la ciudad, dos veces gobernador de Antioquía y dos veces candidato a presidente en Colombia, donde habló de cómo intervino el Estado para enfrentar el problema de la narcocriminalidad. En una extensa conversación planteó que la intervención del gobierno nacional es clave y que las acciones se deben tomar en varios frentes que incluyen la seguridad y las cárceles pero también políticas sociales y trabajo de la Justicia.
Labrador nombró otras entrevistas a Fajardo para exponer su punto, su insistencia en que la llegada de efectivos no alcanza: “Los resultados nunca son inmediatos. Fue la inclusión de barrios marginados con servicios, centros comunitarios y escuelas, no a través de la represión, no es así como se consigue bajar la violencia letal como la que tenemos en Rosario y todos los niveles del Estado tienen que estar unidos en esto”.
“Ahora tomó más trascendencia porque dio un giro más dramático, porque atacan a trabajadores en su lugar de trabajo y eso lleva intranquilidad para todos los trabajadores, no somos ajenos a esa situación pero la solución no es la violencia ni la crueldad ejercida de parte del Estado”, explicó.
Además consideró que tampoco tendrá buenos resultados “centrarse sólo en aquellas personas que son residentes en barrios marginales y pobres y creer que sólo ahí se cometen delitos. Hay muchos actores más en los que se deberían centrar las investigaciones o la lupa en cuanto a cuáles son sus actuaciones. Hay un flujo muy grande de dinero. Sería muy ingenuo pensar que viviendo en un sistema capitalista no haya otros que se aprovechan de ese flujo que riega distintos sectores de la economía”.
La agrupación Hijos, así como el resto de los organismos integrantes de la Mesa, tuvo a lo largo de la historia una definición en relación a los crímenes de la dictadura: que los acusados cuenten con sus garantías constitucionales: “Nosotros siempre reclamamos justicia y siempre dijimos que el camino en Argentina era el juicio a los responsables por el genocidio donde ellos tuvieran sus garantías constitucionales de legítima defensa y que haya cárcel común efectiva. En ningún momento reclamamos que esas condiciones sean inhumanas o con tratos crueles por más que hayan cometido los crímenes más aberrantes, que por eso se llaman de lesa humanidad a las ejecuciones sumarias, secuestros, torturas y desapariciones que cometieron”.
Por eso, planteó, molestan “las falsas dicotomías donde pretenden afirmar que si se dice una cosa se está a favor de los criminales o si se está en contra de un anuncio, lo mismo”.
“Las condiciones de detención deben ser adecuadas como le corresponde a cualquier persona privada de su libertad independientemente del delito que haya cometido. Nunca la crueldad es la solución y mucho menos la impunidad, no creemos que el que comete un delito no deba ser detenido o encarcelado pero eso de ‘bala para los delincuentes’ no es el camino”, concluyó.
La Mesa Coordinadora de Organismos de Derechos Humanos en Rosario está integrada por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo, HIJOS Rosario, Asociación Anahí Filial Rosario, Colectivo Nacional de Ex Pres@s Polític@s Rosario, Nietes, Centro Cultural Madres de la Plaza 25 de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
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