Las autoridades paraguayas trasladaron ayer a un hospital a cuatro de los 16 campesinos detenidos por la matanza de junio pasado en Curuguaty que derivó en un golpe institucional contra el presidente Fernando Lugo. Los hombres están cumpliendo una huelga de hambre, llevan 58 días de ayuno y su estado de salud es grave. Denuncian irregularidades en la causa, cuestionada por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos.
Luis Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, cuyo estado de salud se agravó debido a los ayunos que realizan como parte de la protesta, fueron trasladados desde la localidad de Coronel Oviedo, en la región central del país, donde se encontraban recluidos, hasta el hospital nacional de la ciudad de Itauguá, 35 kilómetros al este de la capital, informó la agencia pública IP Paraguay.
Representantes de grupos civiles y sociales que realizaban desde hace días una vigilia ante la sede de la Fiscalía en Asunción para acompañar el reclamo de los ayunantes fueron desalojados violentamente ayer por la madrugada por la Policía, según denunciaron a los periodistas.
En tanto, con respecto a la salud de los huelguistas, el director médico del hospital de Itauguá, Mauricio Ortiz, dijo en declaraciones a los periodistas que restringieron las visitas para los nuevos pacientes para evitar posibles infecciones, debido a que presentan una disminución de sus defensas inmunológicas.
Una causa entre sombras
Los campesinos fueron detenidos tras una operación policial de desalojo de “sin tierras” en una finca de Curuguaty, ocurrida el 16 de junio último, en la que a causa de un tiroteo murieron seis policías y once labriegos.
Ese hecho, ocurrido en una propiedad que se disputan el Estado y los familiares del empresario recientemente fallecido Blas Riquelme, derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo en un controvertido y polémico juicio político que lo condenó como responsable, y que fue calificado por sus partidarios como un golpe de Estado encubierto de supuesta legalidad, el 22 de junio último.
Los campesinos están acusados de los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros cargos.
La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías “cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados” en Curuguaty.
El fiscal Jalil Rachid descartó las versiones de la actuación en el hecho de francotiradores entrenados, aunque los abogados de los procesados sostienen que hay pruebas de audio del empleo de fusiles automáticos y que sólo esas armas disparadas por “expertos tiradores” pudieron ser las que abatieron a los policías, con “disparos certeros en la cabeza y el cuello”.
La versión oficial de lo ocurrido en Curuguaty es cuestionada por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. La Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos presentó un informe en el que responsabilizó a la represión policial por el saldo trágico del desalojo campesino. El estudio está avalado por videos, fotos y declaraciones de testigos.
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