Santa Fe / Corresponsalía
Con dos dictámenes, un proyecto y mucha polémica el presupuesto 2010 comenzó a los tumbos su periplo legislativo.
Ayer se reunió la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la provincia, donde no hubo consenso y por tanto se emitieron dos dictámenes: uno por la mayoría oficialista, que recoge el proyecto original del Ejecutivo –presupuesto más reforma tributaria más autorización para que la provincia se endeude en caso que sea necesario– y agrega una modificación al modo en que se repartirá el Fondo Sojero, y otro por la minoría, firmado por referentes de los dos principales sectores del PJ –kirchnerismo y reutemismo–, en el que se sugieren varios cambios.
Los principales: gravar al campo con Ingresos Brutos y llevar el mínimo no imponible de 4 a 60 millones anuales.
En la sesión de hoy –la segunda del período extraordinario– el oficialismo logrará imponer su mayoría –28 diputados contra 22 de todos los bloques del PJ juntos– aunque no le alcanzará para lograr los dos tercios.
Se estima que el Senado, donde la oposición tiene mayoría absoluta, introducirá cambios la semana que viene, cuando de trate el proyecto; de ser así, el tema deberá volver a la Cámara baja, donde los diputados del Frente Progresista buscarán imponer su postura y tratar de sumar algunos votos de la oposición. El reglamento permite hasta cinco revisiones entre las dos cámaras.
Los dos cambios incluidos en el dictamen de mayoría: el Fondo Solidario Federal se repartirá 50/50 entre la provincia y los municipios y comunas –hasta ahora era 70/30 a favor de la provincia– y el piso a partir del cual se cobrará Ingresos Brutos será de 4 millones de facturación anual, el doble de lo inicialmente previsto. La oposición está de acuerdo con el primer punto, pero no con el segundo. En una suerte de rechazo implícito de la postura del reutemismo sobre las políticas impositivas para el campo, exento hasta ahora, el dictamen del PJ autoriza que se aplique Ingresos Brutos al menos a un sector: los que facturen más de 60 millones anuales.
Dice el dictamen de minoría: “Proponemos gravar con el impuesto sobre los Ingresos Brutos exclusivamente a las empresas industriales o agroganaderas, cualquiera sea la forma jurídica bajo la cual estuvieren organizadas, cuya facturación anual durante el período 2009 –neta del IVA– supere los 60 millones de pesos, con una tasa del 0,5 por ciento”. Los cinco diputados que lo firman –Ricardo Peirone, Alberto Cejas, Silvina Frana, Alberto Monti y Silvia De Césaris– conforman un muestrario que incluye reutemismo, obeidistas y kirchneristas y representan un hecho casi inédito en los últimos dos años: la unidad de la oposición frente al oficialismo.
Pero también hay coincidencias. Los diputados justicialistas avalan la suba de Ingresos Brutos del 3,5 al 6,5 por ciento para telefonía celular móvil; también el aumento del gravamen a casinos y bingos, financieras y armas de fuego, que pagarán 15 por ciento. Ayer el jefe del bloque oficialista, Raúl Lamberto, se mostró conforme tras el primer round legislativo. “Ya avanzamos. Hay todo un andamiaje que empieza a retroceder; es insostenible que un almacenero pague Ingresos Brutos y un industrial no”, sintetizó.
Desde el PJ se quejan también por la virtual suspensión del pacto fiscal que en su momento firmaron Carlos Reutemann y Domingo Cavallo, cuando uno era gobernador y el otro ministro de Economía. “La inclusión de sectores oportunamente desgravados dentro de los obligados al pago de Ingresos Brutos no resulta conforme al contenido del Pacto Federal de 1993”, se puede leer en el dictamen de minoría.
El miércoles, cuando visitó la Cámara de Diputados para defender el proyecto del Ejecutivo, el ministro Ángel Sciara dejó en claro que la provincia va a avanzar sobre el punto sin siquiera contemplar la posibilidad de que el gobierno central pueda tomar alguna represalia que perjudique en términos de recursos a Santa Fe.
El alerta del justicialismo se traduce en uno de los párrafos del dictamen: “La decisión de suspender unilateralmente el señalado pacto pone en riesgo de perder el aporte comprometido por el gobierno nacional para el financiamiento del déficit de la Caja de Previsión de la provincia, la compensación a las provincias que no participaron de la reprogramación de sus deudas y otras transferencias establecidas en el marco que rige la relación fiscal con la esfera federal”.
El kirchnerista Luis Rubeo, que participó de las negociaciones internas que permitieron que los distintos sectores del PJ pudieran arribar a un acuerdo y emitir un solo dictamen, repitió que en el seno de su partido hay “una disidencia bastante profunda con el mensaje enviado por el Ejecutivo”.
Y enumeró algunas de esas diferencias. En Patente el PJ propone la exención para vehículos de carga y servicio público de pasajeros, en el Inmobiliario que no se aumente la alícuota de aquellas viviendas únicas que estén afectadas a uso familiar valuadas en menos 100 mil pesos y que se haga una diferencia en el Inmobiliario rural entre los departamentos que están en emergencia económica y el resto; y en Ingresos Brutos “no gravar a las pequeñas y medianas empresas; sí a las grandes”, para lo cual propone que el piso a partir del cual se cobre el impuesto sea de 60 millones anuales.
El proyecto del Ejecutivo pretende gravar con 0,5 por ciento –mientras que para el resto de las actividades la alícuota es del 3,5 por ciento– a las industrias que facturen más de 4 millones anuales.
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