El jurista Horacio Rosatti, propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia, justificó ayer ante la Comisión de Acuerdos del Senado la decisión del presidente Mauricio Macri de designarlo por decreto al señalar que fue “un mecanismo que está en la Constitución nacional”, que fue utilizado en “una coyuntura difícil”.
“Fue un proceso utilizado para salir de una coyuntura difícil porque no es una situación normal tener tres miembros sobre cinco (en el máximo tribunal), ya que si hay disidencias no sale un fallo”, argumentó Rosatti, quien ratificó que no mantiene “ningún tipo de relación” ni con el presidente Mauricio Macri, ni con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Incluso, el jurista comentó que no sólo no votó a favor del partido gobernante en los comicios presidenciales del año pasado, sino que además muchas de sus opiniones son “bastante distintas a lo que piensan las autoridades actuales”.
“No los conocía antes del decreto (por Macri y Peña) y no tengo ningún tipo de relación ni la he tenido”, insistió Rosatti, quien vinculó su postulación a su “trayectoria en la especialidad del derecho constitucional”.
Durante casi seis horas, el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner fijó su posición ante diversas consultas que le hicieron los legisladores y representantes de asociaciones civiles.
Sobre su designación en comisión, que luego fue revertida por el Poder Ejecutivo, Rosatti sostuvo que esa opción “está en la Constitución nacional, donde se plantea la duda de si una vacante que se genera en la Corte debe ser cubierta durante el receso del Senado o si es posible completarla”, pero advirtió que el mecanismo “es excepcional”.
Entendió que se trató de “un proceso para salir de una coyuntura difícil porque no es una situación normal tener tres miembros sobre cinco”, ya que “no puede haber disidencias. Si la hay no sale el fallo y esto no da dinámica”.
El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Pichetto, aclaró que la oposición “no comparte la interpretación que le daría al Ejecutivo la posibilidad de utilizar ese mecanismo” y consideró que las “expresiones de decreto (para nombrar jueces) son todas vinculadas a la dictadura militar”.
El líder de los senadores de Cambiemos, Angel Rozas, insistió con que se trató de una “excepcionalidad”.
Apoyos e impugnaciones
Rosatti recibió 1.016 adhesiones y 13 impugnaciones ante la comisión de Acuerdos.
Entre las adhesiones más relevantes se mencionó la de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la del dirigente del radicalismo Ricardo Gil Lavedra y el ex canciller Rafael Bielsa y entre las impugnaciones figuraban las del Cels, de la agrupación Justicia Legítima y de las dirigentes Cristina Álvarez Rodríguez, Vilma Ripoll y Marcela Durriels.
Las respuestas
La primera pregunta que contestó el postulante estuvo vinculada a la cuestión del derecho a huelga y en ese sentido sostuvo que no debe ser “restrictiva” y que su criterio es el que “prescribe la Constitución Nacional”.
En otro orden y ante una pregunta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosatti consideró constitucional obtener muestras de ADN “aún en contra de la voluntad de las personas si se está en un contexto de averiguación de delitos como la apropiación ilegal de personas en el marco de delitos que son además de lesa humanidad”.
Respecto al tema del aborto, el ex ministro de Justicia se mostró a favor de la reforma del artículo 86 del Código Penal, que refiere a los casos de aborto no punibles, pero consideró que “mientras eso no ocurra el tema seguirá siendo dirimido por un tribunal de justicia”. Advirtió que la convención de los derechos del Niño que sostiene que la vida debe ser considerada desde la concepción “debe prevalecer sobre el Código Penal”.
Sobre Ganancias, opinó que “los jueces deben pagar impuesto a las Ganancias” y se manifestó en contra de la permanencia de la acordada de la Corte que eximió a los magistrados y fiscales del pago del tributo.
Entre decenas de temas sobre los que se pronunció, Rosatti defendió la implementación del juicio por jurados, adjudicó al Congreso el “control legislativo” de los DNU (ante una pregunta sobre la disolución de la Afsca y Aftic) y opinó que “la persona que se droga no debe ser criminalizada”.
La comisión volverá a reunirse el miércoles próximo, cuando reciba al otro postulante para la Corte, el jurista Carlos Rosenkrantz.
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