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Rosario vuelve a juzgar genocidas: comienzan las audiencias por la causa Guerrieri IV

El juicio comienza este lunes a las 10 en Tribunales Federales. Están en debate los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. También, delitos cometidos en terrenos de la Iglesia. En esta ocasión se suman 62 nuevas víctimas a los casos ya investigados


La ciudad vuelve a tener en su agenda el inicio de un juicio de lesa humanidad: la cuarta elevación de Guerrieri. Este lunes 1° de agosto, a las 10, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar estarán presentes en las inmediaciones de los Tribunales Federales (Oroño 940).

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº1 de Rosario investigará crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado que rigió la vida de los argentinos entre 1976 y 1983. El tribunal a cargo está integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, María Noel Costa, Mariela Emilce Rojas y Mario Eduardo Martínez (juez sustituto).

Una de las querellas en este juicio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -Apdh-, resumió esta causa de la siguiente manera: como la más grande en relación a víctimas que pasaron por el circuito de quintas del Ejército (que funcionaron como centros clandestinos de detención -CCD-) y la más grande en relación a cantidad imputados de este circuito genocida. Además, plantearon que es la primera vez que llega a juicio la investigación acerca de la existencia de un CCD en terrenos de la iglesia.

La causa lleva el nombre de Pascual Oscar Guerrieri, que fue agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del CCD Quinta de Funes. La sentencia de la primera elevación constituyó el primer fallo por crímenes de lesa humanidad en Rosario. Fue en 2010.

Por otro lado, la última causa de lesa humanidad que investigó Rosario fue Klotzman, cuya sentencia fue en julio de 2021. Uno de los aspectos distintivos de aquel juicio tuvo que ver con que la mayoría de las víctimas había pertenecido al PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo). Sin embargo, en Guerrieri IV no es posible establecer una definición de estas características en relación a las 116 víctimas cuyos casos se constituyeron: hay militantes de la Juventud Peronista, Montoneros, Unión de Estudiantes Secundarios -UES-, PRT-ERP, también de estructuras gremiales y universitarias.

La última sentencia en la causa Guerrieri fue en mayo de 2017 por los crímenes cometidos en los CCD La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia. En las anteriores elevaciones también se habían investigado crímenes cometidos en la Fábrica de Armas Portátiles Domingo Matheu y el Batallón de Inteligencia 121.

En esta cuarta elevación hay 20 imputados de los cuales solo cuatro no recibieron hasta el momento condenas por crímenes de lesa humanidad. El ministerio público fiscal ofreció 347 testigos para que presten declaración en juicio. A las víctimas cuyos casos ya se han investigado, en esta elevación se suman 62. La mayoría de ellas fueron asesinadas o desaparecidas.

En los requerimientos de elevación a juicio la Fiscalía insiste con esta demanda: que los hechos descriptos y atribuidos a los imputados sean encuadrados en el delito internacional de genocidio.

Gabriela Durruty, abogada querellante e integrante de APDH, se refirió al Destacamento de Inteligencia 121 como “el sistema nervioso del entramado represivo” y resaltó que entre los imputados se encuentran quienes formaron parte de “la patota de la policía federal”.

Además, desde APDH Julia Giordano planteó que ven con mucha preocupación la falta de celeridad en el avance de este tipo de causas, que ya no ven una definición política de priorizar estos juicios y que así como quieren condenar a los responsables por los crímenes como secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, también creen fundamental establecer quiénes son y juzgar a los responsables por los crímenes económicos cometidos durante la dictadura.

HIJOS también es querellante en esta causa y es especialmente importante para la organización de derechos humanos porque se trata de la instancia donde más personas representan.

Con respecto a la complicidad eclesiástica, APDH explicó a este medio: “El cura tercermundista Santiago Mac Guire, caso constituido en Guerrieri IV, relató ante la Conadep en 1984 que estuvo secuestrado y fue sometido a torturas en el predio Ceferino Namuncurá en Funes, que pertenecía a Los Salesianos, donde hoy es el Liceo Aeronáutico)”. Tienen mucha expectativa con respecto a cómo se desarrollará la investigación sobre este aspecto de la causa.

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