Por: Agustín Aranda
“Hay un cambio cultural de reconocer el sentido y la importancia de que la ciudad rescate su cultura e historia. No sólo para nosotros sino para las próximas generaciones”, afirmó la secretaria de Planeamiento de la Municipalidad, Mirta Levin. Como eco de su palabras, el cambio del que habla la funcionaria ya se puede traducir en números: durante el último trienio, el municipio realizó convenios con privados para rescatar y remozar inmuebles de valor histórico-patrimonial de la ciudad, que así no sólo quedaron fuera de peligro de deterioro –y peor, de derrumbe– sino que recuperaron la majestuosidad de antaño. En total, desde 2008 hasta ahora, entraron en el programa 768 inmuebles de la ciudad. Además, tras la implementación de las distintas normativas que restringen las demoliciones y ciertas refacciones, en este año se realizarán otros 8 y se terminará de clasificar las distintas áreas de preservación histórica del ejido rosarino, que ya cuenta con más de 30 sectores protegidos.
Cuando se habla de patrimonio arquitectónico, bien se puede entender patrimonio cultural: esto es, hacer de todas las voces de las generaciones precedentes un instrumento de conocimiento y experiencia histórica. Pero en la interminable puja entre mercado-innovación –los llamados “desarrollos inmobiliarios”– y la protección de las raíces históricas, es usual que el que pierda sea el pasado.
Sin embargo Rosario marcó distancia de otras grandes urbes. Es que a partir de una serie de legislaciones, unas restrictivas y otras de reconocimiento, más inversiones destinadas a la puesta en valor de espacios tradicionales, la ciudad hizo de la preservación histórica una política de Estado. Así se llegaron a firmar 768 convenios con dueños de inmuebles privados para remodelar sus propiedades ateniéndose a los parámetros y tipología originaria.
Del total, 46 fueron realizados con subsidios del municipio, mientras que el resto recibió asesoramiento técnico gratuito y confección del proyecto de rehabilitación por parte del equipo de Planeamiento municipal. “Para 2011 tenemos 8 convenios en curso, en algunos casos de viviendas particulares y otras de instituciones, como bibliotecas y asociaciones cuyos inmuebles poseen un valor relevante para la ciudad”, aseguró en diálogo con El Ciudadano la secretaria Levin.
Además de los convenios, ya son 37 las Áreas de Preservación Histórica (APH) declaradas en Rosario. Según la titular de Planeamiento, durante este año se completará la grilla de estos espacios –que van más allá de una propiedad, ya sea un conjunto de viviendas o una plaza– en todo el ejido del municipio. Se trata, en concreto, del reconocimiento de un entorno, y no sólo un inmueble. En esas características se enmarcan las plazas tradicionales –Alberdi y los alrededores de Villa Hortensia– donde se impide edificar a partir de cierta altura, con el fin de conservar el paisaje de antaño.
Para ello hay una apoyatura imprescindible, que son los mismos rosarinos: “Es importante destacar que ha cambiado culturalmente la conciencia de la gente referido al tema de preservación. La gente está más alerta, nos llaman para consultar, para denunciar riesgos de derrumbes”, reflexionó Levin. “Creo que se ha avanzado muchísimo en la elaboración de un nuevo cuerpo legislativo para preservar el patrimonio de la ciudad”, completó.
Balance de preservación
“El «Inventario de Edificios de Valor Patrimonial» se elaboró para el primer anillo perimetral, donde se aprobaron los inmuebles y se dictaminó la imposibilidad de la demolición y, por otro lado, de remodelación sin previa gestión del municipio. Después extendimos el anillo del área central para catalogar más inmuebles y zonas como de valor histórico. Luego se presentaron las Áreas de Preservación Histórica”, describió la secretaria de Planeamiento.
La ordenanza madre de la política de preservación arquitectónica en Rosario es la 8.243 de 2008. En su artículo primero define como “Reordenamiento Urbanístico del Área Central” a la delimitación de nuevos indicadores para las acciones de construcción en el interior del sector delimitado por el río Paraná, avenida Pellegrini, Balcarce, Montevideo y bulevar Oroño, con ciertas parcelas excluidas como el entorno del Teatro El Círculo, entre otros.
Con este objetivo se establecen normas referidas al régimen de alturas, líneas municipales –de edificación y ochavas– los usos no admitidos, el régimen de protección del patrimonio edificado, las características y disposición de los elementos que afectan al espacio público y mecanismos de gestión para la resolución de casos especiales. Dentro de la misma, se creó la figura de Áreas de Protección Histórica (APH), es decir, aquellos sectores del tejido urbano que por su conformación histórica y por el carácter de sus espacios públicos se reconocen en el imaginario social como parte de un fragmento significativo de la ciudad, donde interesa preservar, principalmente, el carácter del espacio público. Algunos de las APH ya incluidos en la ordenanza son: El Paseo de los Orígenes –comprende el sector del Palacio de los Leones y la Catedral–; peatonal Córdoba; plaza San Martín; Paseo del Siglo, el entorno de la Aduana y bajadas, el entorno Casa Natal de Ernesto “Che” Guevara, y las esquinas de Urquiza y Moreno, San Lorenzo y Moreno, Rioja y Laprida, entre otros.
En tanto, la ordenanza 8.244, también del 2008, establece el Primer Anillo Perimetral al área central, que a partir de previas ordenanzas que declaraban zonas de protección histórica, urbanística y arquitectónica a distintos puntos del distrito Centro rosarino, tales como el parque de la Independencia; el Cementerio El Salvador y adyacencias; el parque Hipólito Yrigoyen; bulevar Oroño entre calle Montevideo y avenida Rivadavia el Paseo Hilarión el pasaje Monroe, de barrio Parque, y el barrio Pichincha. El objetivo de la norma era proteger el valor arquitectónico a partir de los desarrollos inmobiliarios de la construcción de altura no permitida y sustitución indiscriminada de tipologías edilicias existentes.
Por otra parte, la gestión de Miguel Lifschitz ha resuelto incrementar el Fondo de Preservación, destinado a subsidiar parte de las obras de remodelación, que de 200 mil pesos pasó 2 millones, según informó Levin. “Esta es una herramienta muy útil no sólo para la restauración sino para la asistencia de los propietarios, elaboración de proyectos conjuntos, entre otros. Creo que la articulación de las ordenanzas concernientes al reordenamiento urbanístico configuran una política de preservación global del ejido urbano”, concluyó la titular de la Secretaría de Planeamiento.
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