La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer un planteo del vicepresidente Amado Boudou para ser sobreseído en la causa por la venta de la empresa ex Ciccone Calcográfica, por lo que seguirá siendo investigado.
Lo resolvió la Sala IV del Tribunal al rechazar por “inadmisible” un planteo del vicepresidente y pronunciarse así a contramano de lo dictaminado por el fiscal Javier De Luca, quien había pedido hacer lugar al planteo de la defensa, al considerar que no había delito en la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo.
Tras conocer el fallo, el abogado de Boudou, Diego Pirota, adelantó que apelará a la Corte Suprema de Justicia y denunció que el caso “ya hace tiempo dejó de ser jurídico y hoy es un tema netamente político”.
“El fallo es un despropósito, y esto tiene que ir a la Corte Suprema porque viola la Constitución nacional”, agregó el abogado en declaraciones a la prensa.
En la causa, Lijo ahora tiene pendiente definir un pedido del fiscal Jorge Di Lello para que se cite a indagatoria a Boudou: de esta forma, la investigación sobre la supuesta intervención del ex ministro de Economía para levantar la quiebra de la ex imprenta seguirá adelante.
El fallo fue firmado por los jueces de la Sala IV Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, luego de que Boudou pidiera el sobreseimiento al considerar que no había delito y pruebas en su contra, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las más de cuarenta testimoniales realizadas.
El fiscal ante Casación, De Luca, había considerado incluso que la investigación no daba respuestas “que permitieran despejar el estado de incertidumbre en que se encontraba (el vicepresidente) frente al proceso” y pedido que se hiciera lugar al pedido de “excepción por falta de acción”.
En su voto, el juez Gustavo Hornos dijo que la Casación no era la instancia donde la defensa debía recurrir con el pedido de sobreseimiento, sino que éste debe “ser encausado y examinado en el trámite ordinario de la investigación”, esto es en la causa de fondo en primera instancia, “sin que se requiera un análisis previo en el trámite incidental de una vía excepcional”. En ese sentido el juez consideró anticipados los argumentos de la defensa respecto a que no hay delito y remarcó que “resulta imprescindible” el “cotejo con la prueba recabada” en la investigación que lleva adelante Lijo. “Es que, si bien la sentencia en crisis implica para el imputado continuar sometido a proceso tras haberse rechazado el pedido de excepción de falta de acción, queda pendiente la realización de un conjunto de valoraciones y evaluaciones de necesaria remisión a los antecedentes de causa”, aseguró el juez.
Además, negó que se “haya recibido un tratamiento arbitrario e irrazonable en las anteriores oportunidades”, en alusión a lo que decidió previamente el juez Lijo y la Cámara al rechazar este mismo planteo de Boudou.
Sobre el argumento de la defensa en cuanto a la extensión de la investigación sin definición alguna, Hornos replicó que justamente por “la trascendencia o gravedad institucional de las imputaciones cursadas” se requiere que “se culmine la investigación y se adopte una decisión fundada sobre el fondo del asunto”.
En su voto, el juez Gemignani aseguró que “ninguna de las hipótesis para las que la excepción está prevista ha sido argumentada por la defensa y ello impone sin más el rechazo del planteo”, pues argumentó que “la defensa formula pretensiones ajenas al acotado universo de la excepción de falta de acción, expresando disconformidad sobre la existencia de elementos contundentes”.
Gemignani coincidió en que los tiempos de la investigación no deben extenderse mas allá de un plazo razonable y, en función de ello, recomendó “tanto al instructor, como al representante del Ministerio Público, que extremen los esfuerzos para la más pronta y cabal reconstrucción de todos los hechos de la causa, así como la imputación a todos los eventuales responsables”.
El tercer juez, Marino Borinsky, consideró nulo el fallo de la Cámara Federal y votó por reenviar la causa a ese tribunal para que “otorgue una respuesta” al planteo del vicepresidente.
“En la causa se advierte una actividad procesal importante. Pero no se le ha dado al investigado y a la sociedad una respuesta consistente en qué hechos con relevancia jurídico-penal están siendo investigados”, opinó el magistrado.
En ese sentido, ordenó que “se realice de manera inmediata la valoración conjunta de todas las pruebas producidas y, con el fin puesto en una pronta elucidación del caso, determinar cuáles restan producirse”.
La ex Ciccone Calcográfica fue adquirida por el fondo The Old Fund, del abogado Alejandro Vandenbroele, luego que se levantase la quiebra que pesaba sobre la empresa, al acceder a un plan de facilidades de pago que otorgó la Afip, un proceso en el cual la Justicia sospecha intervino el vicepresidente interesado por la suerte de la compañía.
Según la acusación, el interés se habría generado debido en que allegados a Boudou quedarían a cargo de la empresa, más allá que –desde el comienzo de la causa– el vicepresidente negó haber tomado parte del proceso y aseguró que no tiene ningún tipo de vínculo con Vandenbroele.
Al menos dos integrantes de la familia que estaba a cargo de la gráfica, Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, declararon ante Lijo que Boudou participó de dos encuentros en el proceso de venta y que fueron presionados para desprenderse de la firma. Ahora, el juez Lijo tiene pendiente tomar más declaraciones testimoniales y también debe resolver un pedido del fiscal Di Lello para que se indague a Boudou y otros imputados en la causa.
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