Marta Felperín* / Juan Pablo Martínez**
Cuando la pandemia ocasionada por el covid 19 llegue a su fin, el gobierno nacional se encontrará con grandes desafíos; entre ellos, hacer frente a la crítica situación económica.
Y si bien a todos los habitantes nos atraviesan estos acontecimientos distópicos y sus efectos y consecuencias, serán quienes tienen menos recursos los que se llevarán la peor parte. Ante los desafíos venideros coincidimos con el filósofo italiano Franco Berardi, quien afirma: “Podríamos salir de esta situación imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía impensable: redistribución del ingreso, reducción del tiempo de trabajo. Igualdad, frugalidad, abandono del paradigma del crecimiento, inversión de energías sociales en investigación, en educación, en salud.
El virus es la condición de un salto mental que ninguna prédica política habría podido producir. La igualdad ha vuelto al centro de la escena. Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá”.
Es en esa línea que viene nuestra propuesta: una renta básica universal (RBU) que le asegure a cada habitante condiciones materiales básicas y dignas de vida, independientemente de cualquier requisito que no sea el de ser persona humana, a cargo del Estado, posibilitada con reformas fiscales, y como derecho de ciudadanía.
De qué se trata la RBU
La idea de una renta básica universal tomó fuerza y vigencia en los últimos 30 años.
La actual pandemia nos ha permitido pensar en distintas formas de organización, más solidarias y más igualitarias, retomando la posibilidad de su implementación.
Cuando hablamos de renta básica universal, nos referimos a la que establece una renta básica individual, incondicionada y universal, pero su carácter distintivo con respecto a otras figuras o institutos es el carácter individual, incondicionado y para todos. Y si bien se encuentran leves matices entre las distintas propuestas, las mismas recaen sobre las fuentes de financiamiento.
Sus propiciantes la conciben como un complemento de la sociedad de bienestar que no sustituiría a la salud, a la educación pública ni a otras funciones propias del Estado, sino que reemplazaría a distintos subsidios, por ejemplo, el de desempleo.
El Estado sustituiría casi todos los subsidios directos por un pago mensual que cada persona podría gastar como desee.
No requiere ningún requisito salvo el de la ciudadanía o residencia, tampoco es temporal y no exige ningún tipo de contraprestación o condicionamiento o requisitos ni sería objeto de rendición de cuentas.
Su aplicación depende de decisiones políticas, que tienen una potencialidad de transformación en la distribución de los recursos que repercutirá en la calidad de vida social.
Características de la RBU
1-Periódica: debe pagarse a intervalos regulares (por ejemplo, mensual). No en un solo pago.
2-Pago en efectivo: debe utilizarse un medio de cambio que le permita a quien lo recibe decidir en la forma en que desea utilizarlo.
3-Individual: personal, no corresponde por familia ni por otro tipo de condición.
4-Universal: para todos sin necesidad de acreditación o condición alguna.
5-Incondicional: sin necesidad de contraprestación alguna.
Fundamentación ética y política
Esta propuesta afronta severas críticas y resistencias, quizás, la principal deviene de una concepción ética del trabajo remunerado como dignificadora del ser humano, valor dominante en nuestro país, conjuntamente con la visión de un mundo en que el estado de pobreza se consideraba como transitorio y reversible; llegándose a alegar sólo un aspecto voluntarista y meritocrático de quienes se encuentran en estas situaciones.
Sumándole la consideración de la RBU como un ingreso injusto, como un premio a quien no quiera trabajar en forma remunerada, argumentando que ante la existencia de este tipo de rentas ya nadie querría trabajar.
Consideramos que esta es una visión segada y parcial, desde que, como consecuencia del neoliberalismo y la actual crisis del capitalismo, la población excluida y bajo líneas de pobreza es mucha, no se generan los suficientes empleos, gran parte de los empleos son inútiles y superfluos (estamos, también, hablando de limites ecológicos al crecimiento), la globalización, la robotización, el desplazamiento de factorías hacia zonas del mundo con mano de obra más barata, nos diagnostican una situación diferente a ese mundo estable y de aspiraciones a pleno empleo.
A nadie escapa la concentración obscena de la riqueza en pocos y en detrimento de la mayor parte de la población, abonando a una vida carente de lo mínimo indispensable, escasez estructural y precarización del empleo y de las condiciones de trabajo; reorganización de la recaudación tributaria alrededor del impuesto al consumo ante la imposibilidad fáctica y jurídica de grabar la ganancia de las corporaciones, protegidas por el principio de plena competencia.
Estas políticas fiscales consiguen nulo impacto distributivo. Desde la década de 1970, la desigualdad creció aún en los países de mayores ingresos, alcanzando en 2010 la concentración distributiva de 1910.
La tasa de rendimiento del capital financiero e inmobiliario superan los rendimientos del resto de la economía, echando por tierra a la teología meritocrática que explica el desarrollo personal en base al trabajo y el capital humano.
Un dique contra la incertidumbre
Nuestro país no fue ajeno a estas políticas, por lo tanto resulta imperioso adaptar el esquema fiscal a un modelo recaudatorio que permita la realización del programa constitucional, haciendo posible la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana.
Si pretendemos considerarnos como sociedad democrática, el corolario es que la existencia material debe estar garantizada como derecho de ciudadanía, y sin que ello esté condicionado a disponer o no de un trabajo remunerado ni al cumplimiento de ningún otro requisito que no sea el de residencia. Daniel Raventos Pañella señala: “La renta básica, sin duda, es un dique contra la incertidumbre”.
Es importante puntualizar que la RBU no cuestiona al capitalismo en sí mismo, por ello hay defensores de todas las posiciones ideológicas.
El economista español José Ignacio Fernández afirma: “Para enfrentar esta realidad política y social, coincidimos con Van Parijs en que es necesario reflexionar sobre un nuevo sistema de protección social, en el sentido de sustituir buena parte de la Seguridad Social actual por la implantación de la RB, pero también ha llegado el momento de enfrentarse al capitalismo del próximo milenio con nuevas armas, con una propuesta político-social que sea lo más antiglobalizadora, anticapitalista posible”.
Viabilidad económica en Argentina
En medio de la renegociación con los acreedores externos, con una economía que hace años no crece, las medidas que se ensayen en este tiempo tendrán impacto inmediato y repercusión en el mediano plazo.
Pero la mira no debe estar puesta en la coyuntura. Quizá sea el momento de ensayar reformas de fondo, ejecutando movimientos que requieran el consenso de todos los actores políticos y sociales.
La estructura tributaria argentina adolece de serias deficiencias y las reformas encaradas en los 90 arrojaron como saldo el deterioro del tejido social. Luego del desmantelamiento del estado de bienestar, a la salida de la convertibilidad se intentó poner a las políticas públicas en escena. Se utilizaron instrumentos de transferencia directa para aminorar los efectos de la desocupación estructural.
Desde los planes de jefes y jefas de hogar, hasta la universalización de la seguridad social, a través de la inclusión previsional y la asignación universal por hijo.
Ampliar el espectro de cobertura y llegar a un sistema de protección de tercera generación implica una redistribución del gasto público, pero, también, un incremento de presión fiscal hacia el capital, a las transacciones financieras, así como medidas de personalización del IVA que admiten una variedad de instrumentación.
Las crisis distribuyen sus efectos de manera desigual, exponiendo las distancias materiales que requiebran la cohesión social. Ya se debate la consideración de un impuesto a las grandes fortunas. La justicia fiscal reclama por reformas más profundas.
La disciplina fiscal, el desendeudamiento y una amplia política de transferencias, como el IFE, son sin dudas medidas a la altura del desafío. También el combate a la radicación de activos en el exterior y la elusión de tributos en general. Si el aislamiento fue la respuesta colectiva frente a la pandemia, la solidaridad debe ser el medio para conseguir nuevamente la justicia social que nos adeudamos.
*Abogada laboralista y docente en la Facultad de Derecho (UNR) / **Abogado tributarista y docente en la Facultad de derecho (UNR)
Comentarios