Policiales

Guerra en el sur

René Ungaro y Alan Funes, hoy distanciados, a juicio como parte de banda enfrentada al clan Caminos

Durante una audiencia preliminar donde se discutió la calificación legal y las pruebas que se llevarán al debate la Fiscalía adelantó que pedirá 8 años para el Brujo Ungaro como jefe de asociación ilícita y 37 años para su entonces compinche, entre otros delitos por el crimen de Marcela Díaz


René “Brujo” Ungaro y Alan Elio Funes quedaron a un paso del juicio oral y público tras la realización de una audiencia preliminar donde se discutió sobre la calificación legal y la prueba que se producirá durante el debate. La Fiscalía adelantó que pedirá para el Brujo 8 años de prisión mientras que para Funes solicitarán una pena unificada de 37 años de cárcel por todas las investigaciones que lo llevarán a juicio. Además, acordaron que el debate estará presidido por un tribunal pluripersonal cuyos integrantes deberán sortearse de la nómina del Colegio de Jueces de Primera Instancia. Ambos seguirán detenidos preventivamente. Ungaro hasta el 27 de abril de 2021 y Funes hasta el 23 de enero de 2021, por lo que se espera que se fije fecha de debate antes de esta fecha.

Ungaro irá a juicio como jefe de una asociación ilícita, mientras que Funes llegará a debate en calidad de miembro de esa organización delictiva que ya tiene varios condenados, entre ellos su hermano “Lautaro” Lamparita Funes. Además será enjuiciado por los delitos de amenazas simples, abuso de armas, portación y tenencia de armas y dos hechos de tentativa de homicidio y un crimen consumado. Ambos clanes estuvieron unidos hasta octubre de 2019, cuando una pelea entre los socios por la venta de números para los turnos en la cola de las visitas para ingresar a la cárcel de Piñero terminó con golpes y tiros en la propia puerta de la prisión, y con la separación de ambos.

La caída

En mayo de 2017 en el marco de un operativo que se llamó Los Miserables desbarataron parte de una banda delictiva que se disputaba el territorio de la zona sur con el grupo asentado en barrio Municipal y liderado por Alexis Caminos. Se hicieron diversos allanamientos simultáneos, incluidas celdas de la cárcel de Piñero y el Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar).

En el caso centralizaron denuncias de distintos hechos violentos en la zona, se hicieron seguimientos e intervenciones telefónicas que involucraron a los hermanos Lautaro y Alan Funes. En esa oportunidad hubo ocho imputados de pertenecer a una asociación ilícita, grupo que además cometía diversos delitos como robos, usurpaciones, amenazas, balaceras y hechos de sangre.

Si bien había una línea investigativa que determinó en aquel momento que Ungaro daba órdenes desde la cárcel, donde cumple condena por el crimen del padre de Alexis, el ex jefe de la barra de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, la imputación en su contra llegó mucho después.

En septiembre de ese año cayó Lamparita Funes y en diciembre otro de sus alfiles, Carlos “Pelo Duro” Fermandez. Ambos reconocieron su responsabilidad en un procedimiento abreviado en febrero de 2019 como otros miembros de la banda.

Lamparita fue condenado a 7 años de cárcel, entre otros delitos como organizador de una asociación ilícita y al igual que Pelo Duro, penado con 18 años. Este último entre los hechos delictivos que reconoció se encuentra una participación secundaria en el crimen de Cristian Alejandro “Bebe” Ferreyra, ocurrido en mayo de 2017.

Otras de las que echaron mano a un acuerdo abreviado fueron fueron Jorgelina “Chipi” Selerpe, pareja de Alan Funes, y Daniela Ungaro, hermana del Brujo y suegra de Pelo Duro. Ambas fueron condenadas a tres años de prisión efectiva.

Imputaron a integrantes de la banda Ungaro-Funes

El Brujo

En abril de 2018 y tras otra ronda de allanamientos imputaron al Brujo Ungaro junto con otras 6 personas. Le achacaron la jefatura de una banda delictiva con pertenencia en el tiempo destinada a cometer delitos indeterminados contra la propiedad, la libertad y la integridad física de las personas.

Alan

En enero de 2018 y tras mantenerse prófugo, Alan Funes fue detenido con su pareja Chipi Selerpe. Era buscado por el crimen de Marcela Alejandra “Tuerta” Díaz, hermana del quien era socio de Alexis Caminos en su guerra contra los clanes Funes-Ungaro: Rubén “Tubi” Segovia, quien terminó asesinado a traición en la cárcel de Coronda en abril de 2018. La Fiscalía lo imputó como miembro de la asociación ilícita.

Imputaron a Alan Funes por homicidio y otros delitos

 

Marcela Díaz

Alan Funes además fue acusado de amenazar a Marcela Díaz el 10 de diciembre de 2017 con un joven apodado Loco Leo en su casa de Doctor Riva 20 bis. Le dijo, según la imputación: “Andate después de las fiestas porque si no te vamos a cagar a tiros”.

El 29 de diciembre lo acusaron de volver a la casa de Díaz y disparar contra ella y el frente de la vivienda de la cuadra, donde logró ocultarse. En esa oportunidad Díaz salió ilesa.

Según la acusación volvió a la noche y disparó contra el hijo de Marcela Díaz, Milton Romero, provocándole una lesión medular que lo dejó parapléjico.

Finalmente le achacaron matar a la propia Marcela Díaz, la noche del 14 de enero de 2018, cuando llegó hasta pasaje Lejarza al 5600 en un Volkswagen Suran y disparó contra la víctima y su pareja, dice la Fiscalía.

Primero lo hizo contra el hombre en 6 oportunidades y la víctima simuló estar muerta. Luego arremetió a balazos contra Díaz tras bajarse del auto. La mujer murió por un shock hipovolémico por hemorragia masiva de tórax por proyectil de arma de fuego, siempre de acuerdo con la acusación.

Para la Fiscalía al volante iba su pareja, Jorgelina Selerpe, aunque finalmente no se pudo probar ese extremo y la joven fue condenada sólo como miembro del grupo delictivo.

Además le achacaron a Alan haber utilizado una ametralladora que disparó al aire el 1° de enero de 2018, hecho que quedó registrado en un video que se hizo viral, y portar un arma de fuego cuando fue detenido junto a su pareja el 23 de enero de ese año.

Los fiscales que llevan adelante la pesquisa contra Funes son Gisela Paolicelli y Ademar Bianchini, quienes en un primer momento hicieron pedidos separados de pena y durante el transcurso de la audiencia solicitaron a pedido de la defensa una única pena de 37 años de cárcel.

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