Policiales

Arma secuestrada es prueba clave

Imputaron a Alan Funes por homicidio y otros delitos

Los peritajes indican que la pistola 9mm que tenía en la vivienda donde fue detenido es la que se usó para asesinar a Marcela Díaz, hermana de Tubi Segovia, un renombrado integrante de la banda de los Camino, con la que los Funes disputan territorio en zona sur


Alan al salir de la audiencia. Foto: Juan José García.

La acusación argumentó este jueves imputaciones por numerosos delitos contra Alan Elio Funes y su pareja, Jorgelina Selerpe, conocida como Chipi: la más grave es el asesinato de Marcela Díaz, hermana de Ariel Tubi Segovia, ocurrido el 15 de enero pasado. Dos fiscales expusieron como prueba clave el peritaje de la pistola 9 mm secuestrada en la vivienda en que ambos fueron detenidos, según el cual es el arma utilizada en ese crimen. Otras acusaciones son por asociación ilícita, tentativa de homicidio y portación de armas. Todo ello, en el marco de la violenta disputa entre la banda a la que pertenecen ambos jóvenes y la de los Camino por el control del territorio en barrios de la zona sur para el negocio de la venta de drogas. El juez dictó para los dos jóvenes la prisión preventiva sin plazo mientras se tramita la causa

Alan, de 19 años, y Jorgelina, de 24, cayeron detenidos el martes último en un amplio operativo que incluyó fuerzas de seguridad provinciales y federales, además de merecer una amplia cobertura mediática que llegó hasta el exterior. Un procedimiento previo para aprenderlo, el 5 de enero y luego de que se viralizara un video en el que se lo ve disparando una ametralladora como festejo de fin de año, había sido infructuoso.

La acusación estuvo a cargo de las fiscales Georgina Pairola –de la Unidad de Homicidios– y Gisela Paolicelli –de Investigación y Juicio–. El juez de Primera Instancia Héctor Núñez Cartelle aceptó sus imputaciones y dictó la prisión preventiva efectiva sin plazo. A esto se opuso la defensa de Jorgelina, a cargo de Juan Pablo Audicio, quien antepuso la circunstancia de que la joven es madre de una beba de 8 meses. El magistrado rechazó el pedido de domiciliaria, bajo la argumentación de que la joven puede amamantar la criatura en un penal.

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