La Justicia federal de Villa María, Córdoba, dictó prisión preventiva a unos 25 empresarios agrícolas acusados de asociación ilícita fiscal, un delito que prevé penas de entre tres y diez años de prisión. Están acusados de evasión de impuestos por la venta de unas 800 mil toneladas de soja.
La Justicia investiga a cuatro sospechosos como responsables de dos empresas agrícolas reconocidas en la provincia mediterránea. Según el Juzgado de Villa María, los jefes de las maniobras calificadas como asociación ilícita fiscal fueron Miguel Ángel Seri, Guillermo Daniel Boldorini, Néstor Eduardo Boldorini y Alberto Daniel Jáuregui, a quienes se los consideró como los jefes organizadores y se los embargó por 100 millones de pesos a cada uno.
Esos cuatro empresarios serían los líderes de la estrategia ilegal denunciada, a través de la cual se habrían evadido varios cientos de millones de pesos en impuestos correspondientes a la venta de unas 800 mil toneladas de soja.
Pero los cuatro cabecillas no fueron los únicos que, según la resolución judicial dada a conocer en las últimas horas, participaron de la megacausa sojera. Otras 21 personas fueron consideradas coautoras de asociación ilícita fiscal, y en función de ello embargadas por 20 mil pesos cada una, por lo que también se le dictó la prisión preventiva.
Se trata de empleados que integraban las empresas Superficies SA y Granero SA, presuntamente creadas para facilitar la evasión investigada, informó el portal cordobés. Según la investigación se habría comercializado y “blanqueado” la soja, a través de distintas maniobras, a nombre de esas empresas.
La estrategia delictiva fue organizada y se desplegó en Córdoba, pero tiene ramificaciones hacia otras provincias, precisaron fuentes de la investigación.
Esta causa estaría ligada a la megaestafa de la Asociación Mutual Defensores Boca Juniors y a otras numerosas empresas y cooperativas fantasmas que habrían sido creadas al solo efecto de engañar a diversos organismos del Estado y poder llevar adelante las estafas.
Las presuntas maniobras fueron descubiertas por los equipos técnicos de la regional cordobesa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y pudieron ser despejadas gracias a numerosas intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia Federal villamariense.
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