Los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura juraron ayer en un acto en el Palacio de Tribunales, y con la nueva integración se mantiene el equilibrio de fuerzas, ya que ni el oficialismo ni la oposición tienen por sí solos los votos requeridos para enviar a juicio político a un juez o aprobar una terna de candidatos a magistrados.
Se trata de los once nuevos miembros de los trece que conforman el organismo y que representan a los estamentos de los jueces, abogados, legisladores, académicos y el Poder Ejecutivo designados en los últimos meses para un mandato que se extenderá por los próximos cuatro años (2014-2018).
La jura estuvo a cargo de los jueces de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, y en una sesión prevista para mañana podría definirse el futuro presidente del organismo y la conformación de las comisiones.
Por el lado de los senadores, asumieron los kirchneristas Ruperto Godoy (el primero que no es abogado) y Pablo González y el radical Ángel Rozas, en reemplazo de los oficialistas Marcelo Fuentes y Ada Itúrrez y del opositor Mario Cimadevilla (UCR), respectivamente.
En segundo lugar juraron los representantes de la Cámara de Diputados, Héctor Recalde (FPV) por Carlos Moreno, y el radical Gustavo Valdez por Oscar Aguad.
Por su parte, el kirchnerista y miembro de la agrupación La Cámpora Eduardo “Wado” de Pedro sigue ocupando uno de las bancas, lo mismo que el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, actual secretario de Justicia.
Los nuevos representantes de abogados por la ciudad de Buenos Aires son Adriana Donato (de la agrupación Gente de Derecho, que ejerce la actual conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), y por el interior Miguel Piedecasas, quien cuenta con el apoyo de la oposición.
El lugar de los jueces lo ocuparán el magistrado federal de Bariloche Leónidas Moldes; el actual presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, opositor al gobierno; y la camarista laboral Gabriela Vázquez, la cual está vinculada a “Justicia Legítima”, la agrupación alineada con la Casa Rosada.
Los tres reemplazan a los jueces Alejandro Sánchez Freytes, Ricardo Recondo y Mario Fera, mientras que el nuevo representante académico es el docente de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) Jorge Daniel Candis, quien tomará el lugar de Manuel Urriza.
Tras la jura, los nuevos consejeros podrán sesionar mañana para definir las autoridades del organismo, esto es presidencia y la conformación de las cuatro comisiones, una de las cuales está abocada a la selección de jueces y la otra a evaluar su conducta.
Entre los nuevos consejeros, el secretario Álvarez, la abogada Donato y la jueza Vázquez, coincidieron en que se debe trabajar en la búsqueda de “consensos” para avanzar en los temas más urgentes del organismo.
Nuevo Código Civil: buscan adelantar implementación
El oficialismo presentó ayer en el Senado un proyecto de ley para adelantar la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial al 1º de agosto de 2015, en lugar de la fecha original prevista para 2016. El proyecto fue impulsado por el senador Aníbal Fernández y acompañado por el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, pero aún no tiene fecha de tratamiento en comisiones. El Código Civil y Comercial aprobado por el Congreso el 1º de octubre pasado contemplaba su entrada en vigencia para el 1º de enero de 2016, pero en la iniciativa de Fernández y Pichetto se plantea que entre en vigencia el 1º de agosto de 2015, días antes de las Paso. En declaraciones a Noticias Argentinas, Pichetto señaló que el proyecto responde a algunos “requerimientos de sectores de la Justicia, particularmente los dedicados a las cuestiones familiares”. “El Código tiene algunas instituciones que es importante poner en vigencia con rapidez, como el nuevo régimen de adopción”, agregó el presidente de la bancada oficialista, quien descartó otras posibles motivaciones al ser consultado al respecto. No obstante, otras fuentes del oficialismo deslizaron que el proyecto apunta a evitar que un eventual gobierno de otro signo político postergue la entrada en vigencia del Código o lo derogue.
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