Unos 500 campesinos desafiaron a las autoridades de Paraguay luego del anuncio de su desalojo de una propiedad privada en el departamento de San Pedro, a unos 400 kilómetros al norte de Asunción, informaron fuentes policiales. En tanto, entre 25 y 30 por ciento de las tierras cultivables de Paraguay fueron compradas por empresarios extranjeros en las últimas dos décadas, en un país donde miles de familias campesinas no tienen acceso a ella, según un informe difundido ayer por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la ONU. “Nadie va a salir de acá. Vamos a resistir. Si nos quieren sacar, se va a repetir la masacre de Curuguaty”, dijo uno de los campesinos. En Curuguaty, unos 250 kilómetros al noreste de Asunción, murieron 6 policías y 11 campesinos en un enfrentamiento el 15 de junio pasado durante otro operativo de desalojo. El suceso sirvió como excusa para el polémico juicio destituyente del presidente Fernando Lugo. Desde entonces, el sucesor Federico Franco, quien se había comprometido a ayudar a los campesinos pero no fue así, avisó que desalojará por la fuerza.
Los campesinos denominados “carperos” (porque montan carpas en los lugares que ocupan), varios de ellos armados con escopetas, se identificaron como miembros de la “comisión Santa Bárbara”, en el departamento de San Pedro. Su principal reclamo es de 3.000 hectáreas de una propiedad privada cuyo dueño pretende cobrar más del doble de su precio de mercado. Sin embargo, anteayer, miles de campesinos reclamaron al gobierno los subsidios prometidos. Mientras tanto, la tierra está en manos de corporaciones extranjeras. El documento de FAO incluye la advertencia del ex director de la agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación, Jacques Diouf, en el sentido de que transnacionales y gobiernos foráneos intensificaron el acaparamiento de enormes extensiones de tierras en América latina, África y Asia.
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