Arlen Buchara
El año pasado tres empleadas del Concejo Municipal se acercaron a un grupo de concejalas de distintos bloques para denunciar a un compañero de trabajo por acoso. Las situaciones habían empezado varios años antes y se había vuelto una cotidianidad con la que no quería vivir más. Sentían que el clima de acoso era normal porque “él era así”.
Las víctimas buscaron apoyo en las legisladoras quienes a su vez pidieron la intervención de la Municipalidad de Rosario, desde donde le iniciaron un sumario administrativo que terminó con el traslado del hombre a otro lugar. El proceso fue largo y llevó a las concejalas a pensar que era necesario capacitar al personal en género para que no volviera a repetirse. El Instituto de la Mujer había hecho una capacitación, pero no todos participaron.
Este jueves el Concejo dio un paso para que la capacitación sea obligatoria para quienes trabajan en el Estado local. Votaron la adhesión a la Ley Micaela. Días antes otro proyecto llegó al Palacio Vasallo para usar lenguaje no sexista en los textos de las ordenanzas.
Historia reciente
La ley nacional 27.499, conocida como Ley Micaela en homenaje a la militante del Movimiento Evita asesinada en Entre Ríos en 2017, fue aprobada en el Congreso el 19 de diciembre de 2018. Estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajen en la función pública en el Estado. La normativa creó el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres y está a cargo del Instituto Nacional de la Mujer. La formación y capacitación es todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía, forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones. Deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. No hacerlo es una falta grave que lleva sanciones y les impide ascender a cargos superiores.
Santa Fe adhirió el 12 de septiembre y este jueves Rosario avanzó en la misma dirección. La iniciativa fue presentada por Eduardo Toniolli y Norma López junto a concejales y concejales de distintos bloques partidarios.
Atajar
Antes de sanción de la Ley Micaela y de la adhesión de Santa Fe la capacitación empezó en la provincia con la Policía. A comienzos de 2018 fue incorporado un curso obligatorio para todos los rangos. Es que en Santa Fe más de la mitad de los casos de violencia de género empiezan con una denuncia en las comisarías, pero no toda la fuerza está formada para atender a las víctimas. La violencia es incluso un problema hacia adentro. La Red de Mujeres Policías, Penitenciarias y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) hizo una encuesta con más de 300 casos y el resultado fue que el 70 por ciento de las agentes reconoció haber sufrido violencia de género.
Lenguaje inclusivo
Esta semana entró al Concejo de Rosario otro proyecto que busca implementar lenguaje inclusivo o no sexista en la redacción de ordenanzas y todo tipo de documentos de circulación interna. La iniciativa fue presentada por Marina Magnani y Andrés Giménez, de Unidad Ciudadana. Tomaron como antecedente un manual de estilo del Senado Nacional donde proponen usar un lenguaje neutro que incluya géneros por igual y no solo el masculino. No se basa en usar la letra “e”, como ya fue incorporado en el ámbito universitario en Argentina, como en la Facultad de Psicología de la UNR.
En manual del Concejo tomaría las normas lingüísticas y gramaticales de la lengua castellana a partir de un uso que no priorice un género por sobre otro. Aplicará para ordenanzas y documentación interna, donde deberá reconocer y respetar la diversidad de género como un derecho.
En Antropología aprobaron la primera tesis con lenguaje inclusivo
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