Desde que Adriana Abaca, una ex empleada policial, denunció en 2012 a vendedores de drogas de zona oeste, su vida y la de su familia no volvieron a ser las mismas. Los señalamientos que la mujer hizo ante la Justicia le costaron atentados contra su vivienda de barrio Cametsa, que terminó custodiada las 24 horas. En noviembre pasado, la seguridad que estaba a cargo de efectivos provinciales pasó a manos de Gendarmería Nacional. Hasta la mañana de ayer, que según dijo Abaca a El Ciudadano los uniformados se retiraron del lugar sin dar ninguna explicación.
“A las 8 de la mañana se retiró Gendarmería. No volvió nadie. Quiero saber por orden de quién se retiraron. Yo denuncié a gente que vendía droga para los Cantero. El mensaje fue claro. Sufrí todo tipo de atentados y amenazas. Hasta ahora confié en la Justicia, y la Justicia me abandonó”, reclamó ayer Adriana, madre de diez hijos, cinco de los cuales viven con ella, al igual que siete nietos.
La ex empleada policial, cuyo marido también brindó servicios en la fuerza, contó que además de los ataques directos que sufrió tras denunciar a vendedores de drogas ligados con la banda de los Monos, como balaceras y apedreadas en el frente de su vivienda y amenazas telefónicas, existieron otro tipo de hostigamientos que no fueron investigados con responsabilidad. “En enero pasado me robaron el vehículo en Castellanos y Mendoza. Mi marido bajó al cajero y un hombre armado me apuntó y se llevó la chata”, contó, al tiempo que aseguró haber logrado identificar al asaltante por mensajes que le llegaron a su cuenta de Facebook, pero que pese a haber aportado datos precisos la Justicia provincial la llamó meses más tarde para avisarle que archivarían la causa por falta de pruebas.
“Me llama la atención que siempre pase lo mismo. La Justicia nos pide a los ciudadanos que investiguemos, consigamos pruebas, testigos. Y así exponemos nuestra vida y la de nuestra familia. Y después nos dicen que las pruebas no alcanzan y nos abandonan sin hacer nada”, reflexionó Abaca.
Al respecto recordó el caso de Norma Bustos, madre de un joven asesinado en barrio Tablada, que decidió denunciar a los agresores y terminó ella misma siendo víctima de más balas en noviembre pasado. “Un día antes de que asesinaran a Norma me cambiaron las custodia”, concluyó.
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