El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estuvo este miércoles en la Cámara de Diputados junto a su ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, para avalar el proyecto de la llamada ley antimafia impulsado por la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, que según sus palabras está inspirado en el Código Penal Antimafia de Italia, o la Ley Rico de Estados Unidos y las acciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las maras.
Los dos funcionarios fueron los primeros en la lista de oradores –su inclusión fue a pedido de la propia Bullrich– de las comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal que debaten la iniciativa oficial. También figuraban otros santafesinos: el ex fiscal general de la provincia Jorge Baclini y el integrante de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta. Las exposiciones comenzarán a las 10.30.
El proyecto, cuya denominación formal es Abordaje Integral del Crimen Organizado, está enfocado según sus considerandos en el “tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos” que “estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal”.
En marzo pasado, cuando viajó a Rosario junto al ministro de Defensa, Luis Petri, Bullrich señaló que el proyecto “tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes”. La inspiración, dijo, viene de Italia, Estados Unidos y El Salvador. Desde entonces, el gobernador Pullaro defendió la herramienta.
“Mucho garantismo”
Este miércoles, Pullaro y Cococcioni manifestaron su acuerdo general con el proyecto, aunque también propusieron modificaciones. A la par, dieron detalles de la legislación santafesina y de las medidas que se aplican en la provincia, y respondieron las preguntas de los legisladores nacionales.
“Venimos a defender y a dar nuestra proposición”, dijo el gobernador, quien reconoció que Santa Fe es “una provincia que está golpeada por el crimen organizado, con índices de violencia superiores a la media nacional durante los últimos 15 ó 16 años”. En base a lo anterior, señaló: “Podemos dar nuestra mirada y nuestra experiencia de lo que nos sucedió para que no suceda en otros puntos” del país.
“No tenemos que tener miedo a llevar adelante reformas importantes, y lo voy a demostrar con datos y cómo con algunas reformas importantes en la provincia de Santa Fe, que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”, agregó el gobernador.
Es más, sobre el proyecto del Ejecutivo nacional, señaló: “Nos parece que esta ley tiene un exceso de garantismo”. E insistió en la importancia, dijo, de “poder contar con una ley que que tenga una mirada integral de lo que son las organizaciones criminales”, y diseñar “instrumentos que permitan ser mucho más rápidos y ágiles en lo que es la persecución de la violencia, del delito, y fundamentalmente del crimen organizado, porque al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan muchas herramientas”.
Respecto de lo hecho en Santa Fe, el mandatario se enfocó en el complicado territorio rosarino: “El año pasado fue la zona más violenta de la Argentina, al día de hoy tenemos 49 homicidios dolosos, mientras que el año pasado, sin estas herramientas, teníamos 129. En la capital provincial, que también siempre fue un distrito con mucha violencia, tenemos 18 homicidios dolosos en lo que va del año, cuando llegamos a tener en otros momentos 50 o 60. Esto tiene que ver con los instrumentos que fuimos logrando tener en la provincia y con una articulación con el Ministerio Público de la Acusación, con las fuerzas Federales y con la Justicia Federal”.
Cococcioni reforzó la voluntad de acompañar el proyecto del oficialismo nacional. “Compartimos el proyecto, su espíritu y la necesidad de contar con la herramienta de la ley Anti Mafias”, refrendó lo dicho por el gobernador.
Pros y contras, los eslabones superiores, la superpoblación carcelaria
La iniciativa agrava las penas de ocho a 20 años de prisión en caso de que judicialmente se pruebe que la persona pertenece a la asociación ilícita investigada. Algunas objeciones al combo refieren que sólo refuerza la persecución penal y endurece las condenas sobre los eslabones más visibles de las organizaciones criminales, pero poco se ocupa de los movimientos ilícitos del dinero que generan y de los impactos de esa trama sobre el sistema político, el financiero y las estructuras estatales a las que penetra.
Otro de los oradores de este miércoles, el investigador del Conicet Rocco Carbone, sintetizó las críticas, y las sintonías con otras normativas controversiales propuestas por el oficialismo, en un artículo de El Cohete a la Luna: “Bien visto, el proyecto de Bullrich puede interpretarse como complemento distractivo del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos nucleares de la Ley Bases, que pretende convertir la Argentina en una guarida fiscal. Esto significa habilitar operaciones amplias y flexibles de lavado, que implican atraer capitales ilícitos de alto perfil”.
Claro que el endurecimiento punitivo tiene consecuencias que derivan en otros problemas: aumenta el números de privados de libertad y no hay dónde alojarlos, un cuello de botella que sufre Santa Fe y al que Pullaro se refirió este martes tras la fuga de detenidos en la comisaría 5ta de Rosario que, como otras, está marcada por la superpoblación carcelaria.
Pullaro aprovechó entonces para insistir en que el sistema de comisarías es “obsoleto” y volvió sobre la idea de su reemplazo por “estaciones policiales” que abarquen territorios mayores, para que las primeras se transformen en centros de denuncias. Sobre las cárceles, un punto de fricción con la administración nacional, el gobernador recordó que sugestión está “construyendo 4 mil celdas en diferentes puntos de la provincia, lo que va a descomprimir y va a dar un pulmón para los próximos cuatro o cinco años”.
“Cuando vamos teniendo una cifra de encarcelamiento en crecimiento, tenemos que construir cárceles”, reconoció. El de las federales en territorio santafesina es un problema. “La cárcel federal de Coronda estuvo detenida, no avanzó. Es una obra que estaba haciendo el gobierno nacional (anterior). Ahora la pusieron en marcha nuevamente, está al 92 por ciento y por lo que nos dicen, sobre fin de año se va a finalizar”, se esperanzó tras idas y vueltas ante la negativa de Bullrich.
En el tema de seguridad, el radical al frente de la Casa Gris se reúne con todos. El viernes de la semana pasada, se mostró en Rosario con su par bonaerense, Axel Kicillof, para la firma de la segunda parte de un convenio cuyo primer capítulo fue rubricado en San Nicolás e incluyó el préstamo de 80 patrulleros hasta tanto Santa Fe terminara de cerrar las licitaciones para adquirir más unidades. “En la lucha contra el narcotráfico no hay banderías políticas”, se atajó el santafesino, quien busca no confrontar a la administración libertaria excepto en temas puntuales que remiten a las grandes cadenas productivas de la provincia.
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