El proyecto del gobierno chileno para paliar el hacinamiento en las cárceles, que incluye la posibilidad de indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos, generó un fuerte rechazo de la oposición y contradicciones en el propio gabinete de ministros.
El vicepresidente y ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, explicó ayer que el gobierno de Sebastián Piñera busca combinar el respeto a los derechos humanos con la “compasión” hacia quienes están condenados por violar esos derechos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La decisión del gobierno, al respecto, considerará “dos valores muy importantes: el respeto irrestricto con los derechos humanos, que el gobierno lo tiene, y la compasión humanitaria por una persona que se va a morir en los próximos seis meses”, aseveró Hinzpeter en declaraciones a la emisora televisiva de la Universidad Católica, reproducida por la agencia Ansa.
El funcionario explicó que el plan es “sacar de las cárceles a personas que no debieran estar” porque, a juicio del gobierno “no son peligrosos y poner en esas mismas celdas a delincuentes peligrosos” con la idea de bajar el hacinamiento en los penales.
Hinzpeter aclaró que un eventual indulto a condenados por delitos de lesa humanidad se “va a implementar en la medida en que haya un consenso político transversal”.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, informó que se dejó fuera de los proyectos que van a ser enviados al Parlamento uno que beneficiaba a reos mayores de 80 años o que padezcan enfermedades terminales, entre los cuales hay varios militares condenados por violaciones a los derechos humanos, porque no hay consenso para una medida de este tipo, según reportó la agencia de noticias DPA.
“Tenemos que construir los consensos, vamos a buscar construirlos, todavía no vemos que esos consensos estén disponibles, pero nos asiste la convicción que hay que avanzar en esa dirección”, explicó, no obstante.
Según Bulnes, durante la tramitación de los proyectos para combatir el hacinamiento carcelario “bien podría imponerse finalmente un acuerdo de unidad nacional que también alcance a esta legislación” a fin de beneficiar a mayores de 80 años y enfermos terminales.
Por lo pronto, si bien el vicepresidente y ministro del Interior avaló la posibilidad de indultar a quienes violaron derechos humanos durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet, las palabras de Bulnes hicieron aflorar críticas de la oficialista Unión Democrática Independiente (UDI).
“El gobierno se asustó frente a los reclamos y gritos destemplados de personeros de la Concertación, así que encontramos lamentable y esperemos que el gobierno recapacite y, de una vez por todas, le dé una oportunidad a quienes por defender la patria están hoy día condenados”, expresó la diputada de UDI María Angélica Cristi, citada por Radio Cooperativa.
Sus palabras fueron reforzadas por los dichos del diputado de Renovación Nacional (RN) Alberto Cardemil, quien expresó su “desazón y molestia” con lo anunciado por el ministro Bulnes.
“No es una señal de buen gobierno anunciar un proyecto que signifique una definición de principios y después bajarlo por un par de críticas destempladas motivadas por el afán de venganza, más que el afán de justicia”, replicó.
El tema saltó a la agenda pública luego de que el último fin de semana Bulnes convocara a representantes y parlamentarios de todos los partidos para exponerles detalles de la iniciativa del palacio de La Moneda como respuesta al grado de hacinamiento de las cárceles chilenas.
Según el ministro, el plan del Ejecutivo favorecería al 20 por ciento de las más de 50 mil personas que integran la población penal, incluidos enfermos terminales y personas mayores de 80 años que hayan cumplido dos tercios de las condenas.
Este último aspecto del plan del gobierno fue el que despertó la polémica y las suspicacias de la oposición.
“Como partido, tenemos un límite ético que es intransable y no vamos a aceptar ningún tipo de perdón respecto a violadores de derechos humanos”, subrayó el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, según informó la agencia de noticias Prensa Latina.
Los presidentes de los partidos Por la Democracia, Carolina Tohá, y, Radical Social Demócrata, José Antonio Gómez, coincidieron en que hay delitos que son indultables y otros no, como el caso de los delitos de lesa humanidad.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aplaudió por su parte que se quiera enfrentar la crisis del sistema carcelario chileno, pero se opuso enfáticamente a cualquier beneficio para violadores de derechos humanos.
Al respecto, resaltó que los recintos donde cumplen penas los ex militares no son los que están sobrepoblados y advirtió que, por el contrario, aún quedan muchos de los represores que deben ser condenados.
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