Por una denuncia realizada en 2014, que primero se investigó en la Justicia ordinaria de Rafaela y luego pasó al fuero federal, el 25 de mayo del año pasado se allanaron dos inmuebles vinculados con el caso.
Uno funcionaba como privado y el otro es el domicilio particular del hombre acusado, sospechado de ser el jefe de la organización, precisaron las fuentes.
El fiscal de Santa Fe Jorge Onel, interinamente a cargo de la Fiscalía de Rafaela, pidió que la causa sea elevada a juicio por el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad, por tratarse de tres víctimas y por haberse consumado la explotación de las mismas”.
La hipótesis es que el hombre imputado era el dueño de los dos lugares y tenía “funciones de control” sobre las actividades que se llevaban a cabo allí.
Según la fiscalía, monitoreaba la “cantidad de mujeres acogidas, cantidad de pases realizados por cada una de ellas y gastos ordinarios del lugar”, a la vez que era “el principal beneficiario económico de la actividad de comercio sexual de mujeres que allí se desarrollaba”.
Por su parte, la mujer era la encargada del lugar, de la gestión y del “registro de pases”, así como también de la recepción de las víctimas en uno de los domicilios, indicó Onel.
De acuerdo con la investigación, la mujer “les indicaba estrictamente cómo debían vestirse y la posición que debían tener para atraer clientes”.
En el requerimiento de elevación a juicio, Onel señaló que las mujeres sólo podían disponer libremente de los ingresos recaudados “luego de que se hubieran operado los descuentos establecidos, consistentes en el 50% del valor del pase, como así también gastos de comida, higiene y limpieza del lugar”.
Las mujeres rescatadas no eran de la ciudad de Rafaela, sino de la ciudad de Santa Fe y de la República Dominicana.
Según un informe del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que el fiscal citó en su texto, la mayoría de las mujeres habrían ingresado al circuito prostituyente frente a la dificultad de encontrar un empleo que les permitiera sostener económicamente a sus familias e hijos.
El informe también hizo referencia a “la dificultad y/o imposibilidad de finalizar sus estudios”.
El expediente reveló que al allanar el domicilio particular del principal imputado, se encontró dinero de diferentes países así como varios pasaportes con nombres de mujeres que pertenecerían a algunas de las víctimas.
“Esos pasaportes y permisos de residencia encontrados adquirieron mayor relevancia si se tiene en cuenta que el hombre registraba múltiples movimientos migratorios a España”, dijo la Fiscalía.
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