La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los jefes del área provinciales y las autoridades de las fuerzas de seguridad votaron ayer por unanimidad a favor de un pedido para decretar la emergencia nacional en la materia, con el objetivo de profundizar la lucha contra el “narcotráfico” y “reforzar las fronteras”.
La decisión se tomó durante una reunión del Consejo de Seguridad Interior, en la que Bullrich subrayó que la emergencia, que deberá establecer el presidente Mauricio Macri por decreto, “permitiría actuar con celeridad en cuestiones fundamentales para el país, como en el tema de las fronteras y el narcotráfico”.
El encuentro del Consejo se realizó en el Salón Auditorio del ministerio nacional, donde además de los ministros estuvieron los jefes de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional Argentina, de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Interpol y de la Sedronar.
“Vamos a declarar este consejo en sesión permanente”, sostuvo el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, que agregó: “Este pedido de declarar la emergencia nacional de seguridad nos permitirá combatir el narcotráfico, los delitos complejos, reforzar nuestras fronteras y equipar con tecnología moderna a nuestras fuerzas de seguridad”.
Los 21 ministros que participaron de la reunión y los jefes de las fuerzas acordaron también que la Coordinación Operativa de Inteligencia Criminal estará a cargo del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.
En tanto, decidieron que la evaluación de las estadísticas criminales y su homologación quedará bajo el mando de la subsecretaria de Calidad del Servicio Policial y Satisfacción del Ciudadano, Mariela Budiño, se informó.
Bullrich resaltó, al respecto, la “necesidad de tener estadísticas criminales y modelos para medir la calidad educativa policial, lo mismo con programas de seguridad ciudadana”.
“Queremos trabajar la seguridad de las grandes ciudades en forma diferente a la de pequeños pueblos. Todo aquello que haya sido positivo lo vamos a continuar”, resaltó la funcionaria, que además desestimó posibles incidentes en este diciembre, al advertir que “la gente está contenta con el cambio de gobierno”.
Los miembros del Consejo de Seguridad Interior también votaron a favor de la coordinación de operativos con la Justicia Federal y el Programa de Capacitación, Formación y Construcción de Programas de Seguridad Ciudadana.
Según informó la cartera de Seguridad en un comunicado, durante la reunión cada uno de los ministros provinciales y de la ciudad de Buenos Aires expuso la situación particular de su distrito.
El ministro bonaerense Cristian Ritondo señaló: “La emergencia nos permitirá reorganizar y planificación los aspectos de gestión, potenciar las Áreas Operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad”.
“Tengo todo el apoyo de gobernadora María Eugenia Vidal y del Presidente Mauricio Macri. Todo lo que hacemos se ajusta a derecho. Jamás permitiremos que en nombre de la emergencia se cometan delitos para combatir el delito”, resaltó en un comunicado.
“Cuestión de Estado”
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, valoró ayer durante su intervención en el Consejo de Seguridad Interior que la problemática “sea tomada como una cuestión de Estado” porque, dijo, no se pueden pensar “como cuestiones aisladas de cada una de las provincias”.
“Siento que los problemas que tenemos en la provincia de Santa Fe son similares a los de otros lugares y por eso celebro que nos reunamos y que la seguridad sea tomada como una cuestión de Estado”, sostuvo Pullaro durante el encuentro que encabezó la ministra nacional del área, Patricia Bullrich.
“Es fundamental –añadió el dirigente radical– para poder resolver el principal problema de agenda que tienen los argentinos”.
En esa línea, Pullaro apoyó el pedido de declaración de emergencia nacional y señaló: “No podemos pensar a los problemas de seguridad como cuestiones aisladas de cada una de las provincias”.
Destacó también la importancia de la conducción política de las fuerzas de seguridad y la definición de una política pública al respecto.
“Tomar a la seguridad como una política pública significa tener datos comunes para saber lo que sucede en cada provincia, en cada pueblo y en cada barrio”, dijo.
“Esto tiene que ser analizado en profundidad, ejecutado por la fuerza pública y monitoreado por la política, porque la política bajo ningún concepto puede perder la capacidad de conducción de las fuerzas de seguridad”, concluyó.
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