El juez subrogante en lo penal económico Rafael Caputo prorrogó por otros diez días el secreto de sumario en la causa por los 944 kilos hallados en un avión en Barcelona, presuntamente cargados en Argentina. Desde España siguen reticentes a girar información a la Justicia argentina.
Por lo tanto, según trascendió, el juez Caputo pedirá en las próximas horas a Interpol argentina que interceda ante el juzgado español a fin de conocer hasta cuándo impera en ese país el secreto de sumario en la causa, por la cual están detenidos los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y Matías Miret.
La razón de hacer el pedido a Interpol y no por medio de Cancillería es para “agilizar el trámite” según dijo una fuente vinculada con la investigación.
La ansiedad del juez argentino por saber cuándo la causa deja de estar bajo reserva en España es porque hasta no cambiar la situación seguirá sin poder tener acceso a la información que se solicitó vía exhorto semanas atrás, y la cual le permitirá determinar si los 944 kilos de cocaína fueron cargados o no en Argentina a bordo del Challenger.
El juez argentino pidió saber cuáles son los datos que arroja la PC del avión, entre ellos el peso que tenía el Challenger en el trayecto Buenos Aires-Cabo Verde, y desde allí a Barcelona, y saber en que tiempo tenía casi una tonelada más, y por otra parte donde estaba oculta la droga, para inferir el tiempo que se tardó en ocultarla.
Mientras tanto, el juez Caputo, quien subroga al titular del juzgado Alejandro Catania hasta el 18 de febrero próximo, prorrogó por segunda vez el secreto de sumario en la causa y el plazo será por otros diez días a contar desde el lunes.
Caputo emitió una resolución en la que justificó la medida en base a medidas de prueba que aún están en marcha y que de darse a conocer podrían frustrarse.
Por el momento, la principal hipótesis sigue siendo que si la droga se cargó en Argentina, fue en la base aérea de Morón, donde el Challenger estuvo estacionado desde el 6 de noviembre hasta el 30 de diciembre.
Es por ello que Caputo prosigue tomando declaración testimonial tanto a personal militar de la Fuerza Aérera de Morón como a personal civil, para conocer información sobre quienes tenían acceso al avión y qué tipo de controles se realizaban en torno al mismo.
A los más de 180 testigos, el secretario de la causa Martín Castellano les hace alrededor de unas 45 preguntas, aunque por el momento ninguna declaración aportó información de trascendencia.
El aeródromo de Morón cuenta con una administración conjunta entre la Fuerza Aérea y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aunque ambos organismos tienen sus áreas de acción dentro del mismo.
Según documentación que tiene en manos el juez, la ANAC tiene competencia sobre las pistas de acceso, los hangares y otros sectores, mientras que la Fuerza Aérea posee su área de acción sobre lugares clave como la puerta principal de acceso a la base.
En varias declaraciones ambos organismos se responsabilizan unos a otros sobre las áreas de control que tiene cada uno, y la causa ya provocó que el jefe militar de Morón Jorge Ayerdi fuera revelado de su cargo por el Gobierno.
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