Un nuevo frente de tormenta contra Julio Cobos asoma en el Senado. Se trata del proyecto de ley sobre promoción industrial que otorga beneficios impositivos a las provincias y que fue presentado por la jefa de los equipos económicos del vicepresidente, la senadora mendocina Laura Montero. El expediente ya obtuvo dictamen en un plenario de comisiones y desde el bloque kirchnerista lo tacharon de una nueva iniciativa para desfinanciar al Estado y beneficiar a los sectores privados, en un discurso similar al del proyecto del 82 por ciento móvil a las jubilaciones vetado por Cristina de Kirchner.
El Bloque del Frente para la Victoria (FPV) de la Cámara alta que preside Miguel Pichetto ya rechazó el proyecto de promoción industrial de la senadora radical mendocina Montero. La bancada oficialista consideró que “esa iniciativa no hace posible el desarrollo económico equitativo”.
Sin embargo, el Senado ya comenzó con el estudio de cinco proyectos impulsados por, además de Montero, los senadores César Gioja (FPV-San Juan), José Roldán (Frente Cívico-Corrientes), Carlos Verna (PJ-La Pampa) y Emilio Rached (UCR-Santiago del Estero). La pretensión apunta a consensuar un texto único.
Los legisladores del Frente sostuvieron que esa propuesta “compromete financieramente al Estado nacional, y produce un fuerte impacto sobre las provincias que hoy tienen mecanismos de promoción de sus economías para atender situaciones de menor desarrollo relativo”.
Agregaron que “atenta contra objetivos estratégicos como el desarrollo industrial con sustitución de importaciones de productos con alto contenido tecnológico, como es el caso del régimen de Tierra del Fuego”.
El proyecto de Montero tiene un costo fiscal de hasta 11 mil millones de pesos para 2011, que debería afrontar la Nación, y pone en cabeza de las provincias los criterios últimos de otorgamiento y asignación de los recursos fiscales nacionales. Por eso los senadores oficialistas también criticaron este proyecto debido a que supone beneficios excesivos para el sector privado, siguiendo mecanismos ineficientes de asignación y controles poco efectivos.
La primera en hacer uso de la palabra en el plenario de comisiones fue Montero, quien aseguró que la iniciativa “genera un beneficio que tiene que ver con impuestos para volcarlos a inversión”. Luego, el jefe de bloque del Peronismo Federal en la Cámara alta, Adolfo Rodríguez Saá, destacó que “el acuerdo al que se ha llegado es muy valioso, no dejamos a nadie afuera, los que tenían la oportunidad la siguen teniendo”.
El senador mendocino y presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, dijo que prefiere que “haya 24 autoridades” en vez de una, para que “no haya arbitrariedad”. También pidió que se deje en claro, en el “artículo 17 o 26”, que los regímenes actuales podrán continuar vigentes para las provincias que ya cuentan con este beneficio.
Al rechazar la iniciativa, el bloque del FPV sostuvo que “en cuanto a las provincias alcanzadas por la Reparación Histórica (La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca) quedan subsumidas en el alcance de la promoción a una equiparación relativa con otras regiones más ricas y cercanas a los centros de consumo”. En un comunicado también se destacó que “el proyecto tiene un sesgo a favor de Mendoza al equipararla a provincias relativamente más pobres”.
Otra crítica al proyecto es que no fija criterios de elegibilidad de los proyectos y se descuida la generación de empleo como eje del desarrollo. Además, tampoco prevé políticas especiales para pymes, y elimina la capacidad del Poder Ejecutivo (PEN) de establecer políticas para mantener el equilibrio entre los intereses provinciales. De este modo, los beneficios se suman a los ya otorgados en la ley de Promoción de Inversiones y los regímenes sectoriales, afectando la disponibilidad de recursos.
Finalmente, el bloque oficialista expresó que a través de este proyecto “se relega el rol del PEN en la política industrial, por lo tanto este proyecto parece escrito pensando sólo en algunas provincias y se inscribe en los intentos de la oposición tendientes a desfinanciar al Estado nacional”.
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