Las condiciones de encierro que afectan a los detenidos alojados en las comisarías de la Unidad Regional II fueron materia de un habeas corpus que presentó el Servicio Público de la Defensa ante la Justicia. El planteo tuvo como eje el hacinamiento crónico de presos, que según los denunciantes asciende a 1.379 personas privadas de su libertad en distintas seccionales policiales y Alcaidía Mayor, la cuestión edilicia y la salud de los internos.
Durante la mañana de anteayer se llevó adelante una audiencia oral y pública que fue presidida por la jueza Roxana Bernardelli, quien dispuso un cuarto intermedio hasta la presentación de un informe solicitado al Ministerio de Seguridad, en tanto ordenó a dicha cartera que coordine la cobertura de las urgencias médicas que surjan en los lugares de detención hasta la resolución del habeas corpus.
A su vez, el fiscal regional Jorge Baclini dispuso el inicio de una investigación por el presunto incumplimiento de órdenes judiciales vinculadas con la distribución de la población carcelaria.
Según la exposición del defensor general Gabriel Ganón y su subalterno en la Defensoría Regional Nº 2 Gustavo Franceschetti, el hacinamiento que viven los detenidos a cargo de la Policía provincial es crónico y se agrava por la falta de condiciones de ventilación e ingreso de luz; más la duración de los encierros que debería efectuarse en estos lugares de manera transitoria. Existen presos preventivos con casi dos años de detención; condenados que cumplen pena en las comisarías; y hasta presos a disposición del los Tribunales provinciales, detallaron.
Los denunciantes sostuvieron que según relevamientos realizados Rosario tiene una capacidad para 682 detenidos, mientras que el Ministerio de Seguridad habla de espacio para 770 presos; ello genera una diferencia de casi 90 plazas. Cuestionaron el incumplimiento de dos resoluciones judiciales, una de la sala IV de la Cámara Penal y otra dictada por el Juzgado de Instrucción 15ª sobre la distribución de la población. A su vez expusieron sobre el servicio de salud, el que tildaron de paupérrimo. Dijeron que no tienen atención médica, psicológica, ni odontológica, que no hay controles periódicos, ni revisión de ingreso o egreso de los lugares de detención. Que a las mujeres no se les realizan controles ginecológicos, tampoco a las embarazadas. Franceschetti sostuvo que hay muchas infecciones cutáneas de difícil diagnóstico, como forúnculos debido a la humedad, el calor y la falta de aseo. Y detalló que en Alcaidía hay 400 detenidos que no tienen acceso a educación, salud y están a disposición de la Policía provincial que maneja el lugar.
Por su parte Ganón tildó como una falta de respeto la ausencia del ministro de Seguridad Raúl Lamberto –se presentaron distintos funcionarios del Ministerio e incluso el jefe de la policía Omar Odriozola– y cuestionó la falta de acreditación de estos representantes, a lo que la jueza hizo lugar y fijó un plazo de tres días para que acrediten legitimación. A su vez habló de la situación de la Alcaidía Mayor, la que describió como una cárcel, criticó la lentitud del traspaso del lugar al Servicio Penitenciario y deslizó la existencia de cajas negras. Los defensores concluyeron su exposición solicitando se fije un cupo de detenidos en base a los informes que presentó el Servicio Público de la Defensa y requirieron un mecanismo de control permanente para que los jueces sepan cuántas personas hay alojadas en cada lugar y, en el caso que se exceda el número, requirieron que la autoridad policial notifique al magistrado. Posteriormente no se opusieron al plazo de 45 días solicitado – desde el 1º de marzo– por el Ministerio de Seguridad para contestar los oficios que se le requirieron, lo que se cumple el próximo 15 de abril.
Ante ello la jueza le dio la palabra al fiscal regional Jorge Baclini, quien sostuvo que para esa fecha van a estar los resultados del informe en lo que respecta al recurso y detalló el inicio de una investigación respecto del presunto incumplimiento de dos órdenes judiciales y explicó sobre los secuestros de celulares en los lugares de detención que hay una investigación en trámite.
Concluida las exposiciones de las partes, la jueza ordenó se fije una nueva fecha que no podrá superar las 72 horas posteriores al 15 de abril. Requirió que el informe que debe presentar la cartera a cargo de Lamberto cuente con detalles de las obras necesarias y el tiempo que llevará su ejecución y dispuso que el Ministerio de Seguridad coordine con el de Salud los médicos necesarios para cubrir las urgencias mientras se resuelve el habeas corpus.
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