Luego de las protestas sociales y el revés judicial, el gobierno atenuó significativamente los aumentos en las tarifas de gas para las zonas del país que no pagaban las subas de 2014 y aplicó una reducción de alrededor del 16 por ciento por metro cúbico en las regiones que sí estaban abonando las alzas anteriores, como Capital Federal y Gran Buenos Aires. También flexibilizó algunas condiciones para el acceso a la tarifa social y fijó topes de incremento que evitan nuevos saltos de más del 1.000 por ciento en las facturas por aumento del consumo debido a razones climáticas.
En dólares y por semestre
Pero no modificó el plan de fijar en dólares el precio del gas en boca de pozo con aumentos escalonados que se aplicarán cada seis meses hasta 2019 o hasta 2022 en el caso de la Patagonia, La Pampa, Malargüe y Puna.
Este sendero de precios deriva en que usuarios residenciales, comercios, pequeñas y medianas industrias y el GNC terminarán pagando, al fin del proceso, un valor del metro cúbico superior al que se paga actualmente por la importación de Bolivia y por el GNL que ingresa en barcos para su regasificación.
El precio más alto posible
Esto es así porque para definir el valor del metro cúbico se consideran incluso las compras al exterior de combustibles líquidos destinados a la generación eléctrica que se realizan sobre todo en invierno, cuando la oferta de gas es insuficiente debido al alza del consumo residencial.
Esta decisión está por ahora fundamentada en forma aislada de modo que habrá que ver si, al fijar el precio mayorista de la energía, no vuelven a trasladarse a los consumidores los costos que tiene el Estado por importar combustibles líquidos para la generación.
A dónde va a parar el dinero
Cuidadoso de las formas –para evitar nuevos litigios en la Justicia–, en la resolución 212 que fija las nuevas tarifas de gas, el Ministerio de Energía bajo la órbita de Juan José Aranguren indica que los nuevos valores del metro cúbico no engrosarán los ingresos de las petroleras, porque se destinarían a cubrir los gastos del Estado en la importación, es decir a bajar los subsidios.
Según la norma, las compañías productoras seguirán percibiendo el precio de 7,50 dólares por el gas nuevo, pero no hay datos del valor que se les reconocerá por el “viejo”, el que se extrae de yacimientos convencionales, en los cuales la inversión más importante ya está amortizada y los desembolsos necesarios para seguir extrayendo son mucho menores a los que exigen las formaciones no convencionales como el shale.
Precisiones gaseosas
Pero la norma no entra en detalles de los ingresos que percibirá el fisco y cuál será el mecanismo para que las distribuidoras paguen parte del gas al Estado por lo que se abren nuevos interrogantes. Es más, en la resolución, cuando se fijan los topes de los aumentos, se afirma que las distribuidoras deben deducir lo que cobrarán de menos de la cuenta a pagar a las petroleras.
Dar sin pedir a cambio
Hay, además, en los considerandos de la norma, una fuerte defensa de asegurar precios a las empresas productoras que garanticen la inversión futura sin exigir a cambio desembolsos concretos o metas de producción.
El Ministerio de Energía se cubre también en otros aspectos. Asegura que aun cuando ya hay un sendero de precios hasta 2019, cada seis meses se determinará “el precio objetivo” del gas, que puede ser inferior o superior al planificado, dependiendo de las cotizaciones internacionales y de otros factores que no se detallan.
Además, en la resolución se rechaza que se trate de una dolarización de las tarifas, y se afirma que fijar el valor del gas en dólares forma parte de la práctica habitual en el mercado de hidrocarburos así como ocurre en otros productos de la economía. También, se asegura en los considerandos que en caso de “variaciones bruscas” en el tipo de cambio se tomarán las medidas necesarias para no perjudicar a los usuarios.
Mucho por definir
No obstante, lo que queda es que el valor del metro cúbico subirá cada seis meses en función de parámetros que falta definir y de la evolución del tipo de cambio. Esto se unirá a aumentos en la parte de la tarifa que corresponde a transporte y distribución, que se definirán en audiencia pública a fines de noviembre, y en los cuales también habrá una fórmula de ajuste que contemple, entre otros índices, el tipo de cambio.
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