Las denuncias de productores rurales del norte santafesino por el robo sistemático de ganado son cada vez más frecuentes aunque pocas veces se logran esclarecer. Es que se trata de un delito económico complejo –necesita de las complicidades de organismos de control, funcionarios policiales, empresarios matarifes y frigoríficos– y la mayoría de las veces el peso de la ley sólo alcanza a los eslabones más endebles del mercado negro que existe en torno del abigeato. Sin embargo, hace pocas semanas un caso salpicó a la cúpula de una comisaría, en la comuna de Alejandra ubicada en el departamento de San Javier, y desentrañó parte de las maniobras que tienen a maltraer a más de un ganadero.
Ahora se investiga si más policías tuvieron intervención en la sustracción de los animales.
La investigación en cuestión surgió en abril pasado por la desaparición de diez cabezas de ganado, lo que derivó en la detención de un oficial de la Policía provincial. Luego fue secuestrado en su vivienda un Documento de Tránsito Electrónico (DTE) apócrifo por esos animales que pertenecían a su suegra, firmado por la mujer el mismo día que había sido internada tras sufrir un accidente cerebro vascular. Su hija, esposa del policía y cuya actividad comercial inscripta es la de compraventa de hacienda, también fue imputada en la causa que lleva adelante el fiscal de Reconquista Aldo Gerosa. La situación se agravó aún más cuando se detectó que la maniobra estuvo “visada por otro policía de la comisaría de Alejandra que no era el encargado de esos trámites” y quien también resultó detenido, al igual que un comisionista de hacienda, dijo un vocero de la causa.
Según fuentes del caso, el fiscal Gerosa no descarta la complicidad de más funcionarios policiales ni la ramificación de este caso en hechos similares perpetrados en los departamentos General Obligado y Vera.
Con los elementos de prueba recolectados hasta el momento, el oficial Hugo Darío Gogman y el comisionista Daniel Marcelo Rojas fueron imputados del delito de “abigeato calificado por la participación de una persona que se dedica a la cría y comercialización de hacienda y la participación de funcionario público”. En tanto, la esposa del policía, Romina Rojas, fue imputada, en estado de libertad, por el delito de “abigeato agravado en concurso con la falsificación de documento público y el uso de documento falso”. Por último, al suboficial Darío Eladio Escobar se le atribuyó ser “partícipe de abigeato agravado”, así como “el incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
Durante la audiencia imputativa, Escobar reconoció haber autorizado un DTE apócrifo pero señaló que “obró por orden de un superior”, declaración que fue avalada por otro uniformado al que llevó como testigo. Si bien desde la fiscalía no brindaron nombres, aseguraron que se sigue la línea investigativa para determinar si existen más funcionarios policiales involucrados en el delito. Fue en ese marco que se dispuso la semana pasada un allanamiento a la comisaría de Alejandra.
“Una mirada completa”
Según cálculos privados, en el último lustro desaparecieron por este delito unas cinco mil cabezas de ganado en el norte provincial. En diálogo con El Ciudadano, el fiscal regional de Reconquista, Eladio García, explicó que el abigeato o cuatrerismo es un “delito económico complejo” que no se puede cometer al margen del mercado. En ese sentido dijo que los actores abarcan desde los peones desleales hasta los dueños de los frigoríficos y toda la cadena de comercialización que hay en el medio. “Nadie sustrae estos animales si no tiene a quién vendérselos”, sostuvo el fiscal, para luego resaltar que “hay que tener una mirada completa del delito y no sólo perseguir, como generalmente sucede, a quienes ocupan los primeros eslabones de la cadena”.
Al respecto, García valoró los cambios que proporcionó la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la provincia, ya que permiten una unidad de actuación aunque los delitos se cometan en lugares distintos, a diferencia del viejo sistema que estaba basado en la solución de cuestiones penales aisladas, surgidas de juzgados que resolvían conforme con su propio criterio, muchas veces opuestos. Y concluyó que hoy, “desde Florencia a Rufino, se analiza igual el abigeato”.
Récord en 9 de Julio
En abril pasado, un productor agropecuario de Montefiore (departamento 9 de Julio) denunció la sustracción de 1.304 animales del establecimiento La Elsa. Según esa denuncia, el monto del perjuicio económico rozaba los ocho millones de pesos, el equivalente a 40 jaulas de animales. La investigación la lleva adelante el fiscal Guillermo Loyola, con jurisdicción en la ciudad de Tostado, a cargo del fiscal regional de Rafaela, Carlos Arieti. La investigación tiene en la mira a dos peones rurales del establecimiento, sospechados de ser parte de la maniobra. Según la denuncia del productor rural, es uno de los casos de abigeato más importantes de la historia en la provincia de Santa Fe.
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