La decisión del Consejo de la Magistratura de remover al juez Luis María Cabral de la Cámara de Casación Penal sigue generando polémica: mientras el oficialismo y un sector del ámbito judicial defiende la medida, referentes de la oposición pidieron que “la sociedad se movilice” para repudiarla. Dirigentes opositores como Mauricio Macri, Elisa Carrió, Sergio Massa y Ricardo Alfonsín repudiaron la decisión de la Magistratura, mientras que la presidenta de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, el fiscal Jorge Auat y la diputada oficialista Diana Conti consideraron que el desplazamiento fue válido y ajustado a derecho.
La discusión se da en torno de que Cabral era subrogante en la sala I de la Cámara de Casación Penal, que debe resolver en los próximos días sobre la constitucionalidad del memorandum con Irán por la causa Amia.
El líder del PRO y precandidato presidencial consideró que el Consejo de la Magistratura “está haciendo caso omiso a los requisitos legales de mayorías especiales para este tipo de situaciones” y agregó: “Es algo que no puede suceder, la sociedad se tiene que movilizar para oponerse a este tipo de arbitrariedad”. Macri valoró que “se estén barajando amparos para que esto no suceda” y sostuvo que “no está nada bien que permanentemente el gobierno siga hostigando a la Justicia, que tiene que ser un poder independiente; cada vez que hay algo no le gusta”.
En cambio, la presidenta de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, defendió el desplazamiento de Cabral al sostener que el juez “cubría una subrogancia en una vocalía desde hacía cuatro años sin un procedimiento de designación de subrogante, interinamente” y que “lo que pasó (al desplazarlo) es que se cumplió con la ley”.
“La Casación decidió designarlo en una vacante y en ese momento había otro sistema de designación subrogante, que ellos decidieron omitir”, explicó la principal referente de Justicia Legítima y agregó: “La última vez que lo designaron, se decía: Cabral se recibe de subrogante eterno “.
En esa línea, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Auat, defendió la remoción al considerar que “la Magistratura puso las cosas en su lugar ya que la subrogancia es naturalmente transitoria”. El fiscal dijo que la designación de Cabral “en su origen no era legal” y agregó: “Lo señalé en un escrito de impugnación oportunamente porque la ley establecía un sistema de designación por sorteo de camaristas. Él (Cabral) fue propuesto por el juez Raúl Madueño, quien además de proponerlo vota a favor en la reunión del Consejo”.
Quien salió a discutir esta versión técnica fue la diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que aseguró que el apartamiento del magistrado “es una maniobra fraudulenta” porque “un juez subrogante no termina hasta que sea designado un titular”.
Y agregó: “Por eso, en nuestra denuncia imputamos no sólo a los miembros del Consejo de la Magistratura, sino también a la diestra beneficiaria de esto que es (la presidenta) Cristina Kirchner”.
En tanto, la diputada oficialista Diana Conti, ex integrante del Consejo de la Magistratura, contradijo el argumento de Carrió y afirmó que “el subrogante no tiene estabilidad. Su cargo puede terminar cuando se designa un titular, o incluso otro subrogante”.
“Yo deslindo absolutamente los nombramientos de subrograntes que hizo el Consejo de la Magistratura con a las causas que tienen que resolver”, agregó Conti, quien desvinculó así la remoción de Cabral de la inminente resolución sobre el memorandum con Irán.
Además de Macri y Carrió, entre los críticos de la medida estuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien sostuvo que “sólo meten mano en la Justicia para sacar a los jueces que los incomodan”. “Que pongan la misma preocupación para sacar a los jueces sacapresos que llenaron de dolor a miles de familias con sus fallos a favor de los delincuentes”, dijo el precandidato presidencial.
El diputado radical Ricardo Alfonsín también expresó su rechazo: “Se necesita una gran desvergüenza republicana para atreverse a tomar una decisión como la que impulsó el oficialismo”.
Por su parte, el fiscal general de la Cámara Nacional de Casación Penal, Raúl Plee, consideró que la medida “es un hecho político” y sostuvo que “desde la política se decidió que el memorandum de entendimiento con Irán no pasa por una decisión judicial”.
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