La confirmación efectuada el miércoles pasado por el jefe de Gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña, sobre los sueldos que el Estado nacional asigna a la Iglesia católica generó una amplia discusión. Los fondos destinados para los salarios de los obispos alcanzan los 130,4 millones de pesos anuales, para salarios que rondan los 45 mil pesos.
Pesa a tratarse de un Estado laico, la Constitución nacional establece en su artículo 2 el sostenimiento del culto católico, y gracias a una ley de la última dictadura, el Estado debe encargarse de costear salarios de arzobispos y obispos, además de otorgar exenciones impositivas y destinar partidas millonarias de dinero para subvenciones educativas.
La diputada nacional por Evolución y compañera de Martín Losteau, Carla Carrizo, se pronunció al respecto: “Si los argentinos financiamos el culto católico, estamos en condiciones de exigir. Podemos avanzar a que todos los cultos tengan los mismos derechos. Estamos hablando de equidad de culto”.
Y agregó: “Otras religiones son personas jurídicas privadas, necesitamos equidad de cultos porque nuestra Constitución lo garantiza también”.
Además pidió que la Iglesia católica “no mezcle los modos y valores de un estado que no es democrático” (Vaticano) con “las instituciones, reglas y formas de un Estado democrático”, como la Argentina.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño explicó que la mayoría de todas las leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico-militar y todavía están vigentes y merecen un serio replanteo. Junto a su compañera Nathalia González Saligra presentaron ayer un proyecto para que se deroguen estas normas que garantizan el financiamiento de la Iglesia católica.
Si bien el gobierno no fijó una postura respecto al tema, el diputado nacional oficialista Fernando Iglesias criticó ayer que “un Estado laico” como el que rige en el país deba “afrontar una parte tan alta de los gastos” de la Iglesia Católica y señaló que, si bien la Constitución Nacional establece que tiene que “sostener” el culto católico, no especifica “hasta dónde tiene que hacerlo”.
“A mí no me parece razonable que un Estado laico tenga que afrontar una parte tan alta de los gastos de una religión”, opinó el diputado de Cambiemos en declaraciones formuladas este jueves a Télam.
Otra referente de la alianza gobernante, Lilita Carrió, hace dos años ya se había pronunciado en contra de que la Iglesia sea solventada, en parte, por el Estado, a pesar de su profunda convicción católica. “Me parece muy bien la separación del Estado y la Iglesia. Si fuese presidenta derogaría la ley que le da sueldo de secretario de Estado a los obispos porque creo que esa relación no es buena para los creyentes”, declaró en su momento.
“Darle a los pobres”
En tanto, desde el mismo riñón de la Iglesia salió a dar su punto de vista el polémico arzobispo de La Plata Monseñor Héctor Aguer, asegurando que el aporte económico que recibe del Estado los gasta en “darle a los pobres” y está fundado en el artículo segundo de la Constitución Nacional. “Los cuarenta mil pesos, creo que esa es la suma, los gasto en darle a los pobres. Tengo clientes fijos y sacerdotes a los cuales les falta, y también en pequeñas cosas mías”, manifestó ayer en declaraciones formuladas a una radio porteña.
