A mitad de año la diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto para crear al menos una unidad especializada en delitos informáticos. Desde el año pasado los casos, más ligados a pornografía infantil y acoso, son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación, que sólo funcionan en Rosario y la capital santafesina. La legisladora considera que existen más ciberdelitos y es necesario incorporar ingenieros en sistemas a las fiscalías para obtener mejores pruebas en la era digital. El proyecto de Benas es tratado en la comisión de asuntos constitucionales y presupuesto de la cámara baja santafesina. “Existe una cerrazón de la Corte (Suprema de Justicia de Santa Fe). Solo toman únicamente a abogados para trabajar en la Fiscalía. La complejidad de los delitos informáticos requiere de personas con conocimientos específicos”, dijo en diálogo con El Ciudadano, Benas. La diputada tuvo una reunión con el fiscal regional de la primera circunscripción, Julio Olazabal, quien deslizó resistencias.
Lo probado
De acuerdo con la legisladora, la información que necesitan los fiscales cuando reciben denuncias por grooming –ver aparte–, ciberacoso, estafas electrónicas, calumnias, entre otros, no son fáciles de conseguir. Atar una acción, por ejemplo un mensaje difamatorio en una red social, necesita llegar hasta la fuente: la computadora o el teléfono celular desde donde salió. “No basta con una captura de pantalla. Los agresores pueden defenderse diciendo que esa imagen está truchada con un editor”, explicó el abogado y especialista en delito informático, Gonzalo Jeangeorges. La investigación debe llevar a conocer el origen: al IP, es decir, la identificación en línea de la computadora o el celular. Para eso es necesario pedir a los servidores de internet esa información, también conocida como log. Todo lo anterior, siempre con las respectivas órdenes de jueces y fiscales. Según Jeangeorges, el inconveniente es que ningún servidor en Argentina mantiene por más de 90 días esos registros. Entonces, como se trata de empresas extranjeras los investigadores deben enviar exhortos por escrito y depender de la predisposición de Google, Facebook, Twitter, entre otras. “Cuando llega el pedido, la información ya se borró. Es primordial que los legisladores exijan a las empresas de internet algo más que exigencias fiscales. Tener los log significa poder rastrear la actividad”, opinó Jeangeorges. “Como las pruebas digitales son muy fáciles de borrar, conviene actuar rápidamente, con un abogado, perito y escribano, para preservar la prueba para una futura denuncia o demanda civil de daños y perjuicios”, agregó.
Los organismos especializados como propone Benas estarían habilitados para trabajar con causas de calumnia a infamia. Por ejemplo, cuando en una red social se escrache a una persona. Las acciones que violentan el derecho a la intimidad y que no son un delito penal –ver aparte– están previstas en el Código Civil. “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias”, señala el Código.
Trotamundo
Para Benas un fiscal no puede investigar cualquier delito. Por eso hace años pujó por crear la unidad de integridad sexual de las personas dentro del Ministerio Público de la Acusación. Tiene dos sedes: en Rosario y en Santa Fe. “Mejoró mucho contar con un espacio para no revictimizar. Si no tenemos fiscales preparados las causas se estancan. También sirve para la prevención. Desalienta a quienes delinquen. A través de la tecnología de la comunicación se puede rastrear otros tipos de delitos como la trata de personas o extorsiones”, sintetizó Benas. De acuerdo con la legisladora, existió una resistencia similar a incorporar secciones especializadas cuando las dinámicas bancarias dejaron de pasar por la ventanilla y fueron por el cajero automático. “La Justicia no puede quedar detrás del delito. Las empresas, con claros intereses económicos, hace décadas que tienen contratado personal para protegerse. El Estado no ha hecho lo mismo con lo que debe cuidar: la ciudadanía”, concluyó.
A reforzar la Fiscalía
Los delitos informáticos como la pornografía infantil son investigados por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Sin la estructura de Córdoba, que cuenta con una secretaria que asesora a las fiscalías o La Plata o Buenos Aires, con unidades especiales, Rosario depende de una sola fiscal, Marianela Martín. Según contó a El Ciudadano, desde marzo del año pasado, cuando tomó el cargo, sigue 100 casos. Por mes llegan entre 20 y 30 reportes de distintos organismo internacionales donde se denuncian casos de pornografía infantil y el IP corresponde al sur de Santa Fe. “Estudiamos las IP para dar con la identidad del pedófilo. Desciframos las imágenes, estudiamos las fotos, hablamos con vecinos para ver si vieron a los nenes de las fotos, se estudian árboles familiares. Una vez que está determinada la identidad se puede hacer el allanamiento”, dijo Martín.
Los delitos por perseguir
Desde 2008 se sumaron artículos del Código Penal sobre ciberdelitos. Las penas van desde sanciones económicas hasta prisión e inhabilitación para ejercer cargos o profesiones. Los nuevos delitos involucran pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos; violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica;
intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones; acceso a un sistema o dato informático; publicación de una comunicación electrónica; acceso a un banco de datos personales; revelación de información registrada en un banco de datos personales; inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; fraude informático; y daño o sabotaje informático. Desde 2013 se incorporó la figura de grooming, cuando un mayor de edad usa internet para contactar a un menor con fines sexuales. Acarrea penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.
Para estar atento
Si es víctima de alguno de los ciberdelitos se recomienda consultar a un abogado. Luego, recolectar pruebas digitales con un perito informático de cara a un requerimiento judicial. También consultar con un escribano que pueda hacer una constatación notarial y sacar fotos sobre la PC o Smarthphone o teléfono celular, donde haya registro del delito. Por último, acudir a la Justicia para radicar una denuncia. La repartición encargada de tomarla es el Ministerio Público de la Acusación de la Segunda Circunscripción, con distintas sedes en la ciudad.
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