Desde el centro de estudios metropolitanos Concejalía Popular indicaron que entre 2013 y 2015 hubo un aumento de entre 60 y 70 por ciento en los alquileres en la ciudad. Los incrementos fueron mayores en el centro y macrocentro mientras que en los barrios fue menos. El ex edil Nire Roldán, al frente de la organización no gubernamental, adelantó que en marzo buscarán un acuerdo en el Concejo Municipal para crear un servicio público del alquiler, un área municipal para regular la actividad que hasta el momento es una cuestión entre privados, en la que sólo interviene el Estado para dar validez legal a los contratos a través del sellado. Ahora la idea es darle mayor protagonismo en la protección de inquilinos y también de propietarios, generar información para diseñar políticas públicas, entre otras funciones. “Serán medidas que atacan un negocio que es de pocos cuando el derecho al suelo es de todos y no sólo de los desarrolladores inmobiliarios. El Estado local no sabe cuantas personas alquilan y en qué condiciones”, explicó Roldán.
A fines del 2014 el Concejo Municipal lanzó un prototipo de contrato de alquiler aunque nunca logró pasar de que sea voluntario. Hasta mitad del año pasado, había alrededor de 300 mil contratos de alquiler en la ciudad, es decir, que un tercio de la población vive o realiza actividades en lugares sujetos a estos aumentos.
Interanual
El relevamiento de la Concejalía, que registra a través de la recopilación de anuncios en periódicos y revistas las ofertas de alquileres desde hace 12 años, se conoció ayer.
Compara los precios al mes de diciembre de 2013, 2014 y 2015 en la ciudad. Se divide el territorio en centro, macrocentro y barrios; y se toma los alquileres de viviendas con uno y dos dormitorios como referencia. Siempre según ese informe, entre fines de 2013 y de 2015 hubo un aumento general de 70,8 por ciento en arrendamientos de propiedades de un dormitorio. Específicamente por zonas, en el centro la suba promedió el 72,6 por ciento, mientras que el macrocentro fue del 73,9 por ciento, y bastante menos, un 59,4 por ciento, en los barrios. Para poner un ejemplo: en 2013 un alquiler en el centro salía unos 2.200 pesos. Hace un mes ese número se elevó unos 3.800 pesos.
En cuanto a los de dos dormitorios el aumento general durante esos dos años relevado por la Concejalía Popular fue del 67,7 por ciento. Para el centro la suba fue de 66,6 por ciento, para el macrocentro un 60,6 por ciento y 57 por ciento para los barrios. Una vivienda de este tipo en diciembre de 2013 salía poco menos de 3 mil pesos mientras que hace un mes atrás el precio llegaba a casi 4.800 pesos aproximadamente.
Conceptual
Según explicaron desde la Concejalía los alquileres son un servicio de primera necesidad para quienes no llegan a comprar su casa propia. “Entendemos que no pueden estar regidos por la ley de la oferta y demanda, la cual es impuesta arbitrariamente por los grandes capitales inmobiliarios del país, sino que el Estado debe intervenir para reestablecer el equilibrio económico”, precisaron desde el centro de estudios. Por eso, desde 2005 presentaron distintos proyectos en el Concejo Municipal para llevar a la órbita estatal la actividad. Desde 2005 Roldán y compañía ingresaron al Cuerpo Legislativo un paquete de propuestas. La principal: crear un servicio público de alquiler, un organismo que reúna a inquilino y locatario bajo la mirada fiscalizadora del Estado. La misma evitaría, siempre según proponen, abusos entre ambas partes y así llegar a menos casos de litigios judiciales por este tipo de contratos. “Estamos confiados de que en marzo lograremos un acuerdo con los concejales para que avancen los proyectos”, adelantó Roldán.
Otra de las ventajas del servicio propuesto es que generará estadísticas reales que orienten las políticas públicas de vivienda de la ciudad. “Siempre es bueno para el Estado conocer los problemas de los ciudadanos. Quienes necesitan garantías, cuántas viviendas faltan, cuántos jubilados requieren asistencia. Así puede pensar en soluciones”, agregó el ex concejal.
Otra de las funciones del área sería generar, junto al sector cooperativo y mutual un fondo fiduciario para solucionar el problema de quienes carecen de garantes para alquilar. Y finalmente controlar y regularizar las pensiones, donde puede llegar a cobrarse por una habitación con baño y cocina compartidos lo que cuesta un departamento, abuso que muchas familias soportan por carecer, precisamente, de garantías para alquilar una vivienda en lugar de una pieza.
Según Nire Roldán el proyecto es que también el Estado ofrezca viviendas en alquiler: alguna vez, décadas atrás, lo hacía. Ahora la idea es resucitar el servicio con un fondo especial para construir viviendas. La propuesta abarcaría a organizaciones gremiales, sociales, de la economía social o privados para que puedan alquilar los sectores de ingresos medios.
Sin gas
Según indicaron desde la Concejalía Popular las inmobiliarias o particulares comenzaron a ofrecen alquileres más baratos, entre un 25 y 30 por ciento menos, cuando la vivienda no cuenta con servicio de gas natural.
Modelo para usar sin usar
Hace un año y tras mucho tiempo de discusión el Concejo Municipal presentó un contrato de alquiler modelo que había elaborado entre la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros) y distintas organizaciones defensoras de derechos del consumidor.
Se detallaron las responsabilidades de locador y locatario en materia de expensas y fallas estructurales de las propiedades en cuestión y topes para la indexación. Sin embargo, no es de uso obligatorio.
Los alquileres se rigen por la ley nacional de locaciones urbanas 23.091. Sin embargo, Santa Fe no cuenta con una normativa provincial como la tiene, por ejemplo Mendoza, con un mecanismo para debatir casos de desalojo y abuso de precios.
Del contrato local, el modelo está a disposición de los usuarios en la sede de Cadeiros (Sarmiento 1746), el Concejo Municipal (Córdoba y 1º de Mayo) y la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor (Córdoba 852). La Cámara prometió distribuir copias entre sus socios adheridos.
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