Los empresarios que conforman el Grupo de los Seis (G-6) terminaron ayer la presentación judicial para bloquear la aplicación de la ley de Abastecimiento, sancionada tres meses atrás pero aún no reglamentada por el gobierno.
El documento lleva la firma de directivos de la Cámara Argentina del Comercio (CAC), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) y la Bolsa Argentina de Comercio.
Además, firmaron representantes de la Unión Industrial Argentina que dirige Héctor Méndez, con quien estará hoy la presidenta Cristina Kirchner en el marco de la Conferencia Industrial Anual –ayer estuvo la ministra de Industria, Débora Giorgi–.
Por esa cumbre empresaria pasarán todos los precandidatos presidenciales de la oposición y algunos del oficialismo y será la mandataria la encargada de cerrarla, antes de viajar a Ecuador por la Unasur. Lo cierto es que a pesar de la visita oficial a la UIA, la relación entre el gobierno y el G-6 –que reúne a las cámaras más poderosas de la economía argentina– se encuentra en unos de sus momentos más tensos.
Es así que, representado por el estudio de abogados de Juan Carlos Cassagne, los hombres de negocios decidieron recurrir a la Justicia para impedir la aplicación de la ley de Abastecimiento a la que denunciaron desde un primer momento por un presunto avance del Estado en el sector privado, entre otros motivos expuestos.
Los empresarios siguen convencidos que con esta norma los funcionarios van a poder intervenir una empresa con un argumento tan discrecional como el de un aumento injustificado de sus precios, entre otras alternativas.
En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, juzgó a la decisión empresarial como “una actitud vergonzosa” y acusó a los miembros del G-6 de “conducta mafiosa, distorsiva del verdadero capitalismo”.
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