Con el acuerdo social todavía en vista, el gobierno dedicó sus esfuerzos de los últimos días a un objetivo modesto, aunque estratégico: apagar las voces de los dirigentes sindicales en la previa de la ronda de paritarias de este año, en particular de los más cercanos a Mauricio Macri, que declaman la necesidad de pactar aumentos por encima del 30 por ciento. La tarea, a cargo del equipo del Ministerio de Trabajo, se concentró en el plano diplomático y apuntó a dificultar cualquier cumbre veraniega de gremialistas.
En el gabinete económico el plan permanece inalterable desde que arrancó el año: lograr un cauce de paritarias por debajo del 30 por ciento (ahora estiran el promedio al 28 por ciento) a cambio de garantías de una mejora en el impuesto a las Ganancias (llevar el mínimo a cerca de 30 mil pesos y modificar las alícuotas), la suba de las asignaciones familiares y más fondos para las obras sociales, como había adelantado este diario. Para lograrlo, los funcionarios se ocuparon de convencer a los sindicalistas de que la mejor declaración es la que no se hace.
El mes que viene
Mientras el ministro Jorge Triaca diseña para febrero el posible armado de una mesa de concertación entre empresarios y gremialistas, su segundo en Trabajo, Ezequiel Sabor, avanzó en reuniones individuales: en lo que va de enero ya se vio con Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, las voces que Macri teme más justamente por ser de las más afines a su gestión, y también con Armando Cavalieri (Comercio) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).
Otra voz que no quieren oír
En todos los casos, el discurso es el mismo. Sabor les pidió a los gremialistas evitar las expresiones altisonantes relacionadas con la inflación y las paritarias, sobre todo aquellas orientadas a ponerle como piso el 30 por ciento a la ronda de negociaciones de este año.
Es la pauta que tienen previsto dar a conocer formalmente Moyano y Barrionuevo en una cumbre pautada para los primeros días de febrero en Mar del Plata.
Caló en baja
Los afanes de Sabor, de todos modos, lograron dilatar ese cónclave y restarle las presencias estratégicas de los “gordos” y los “independientes” de la CGT de Antonio Caló.
De hecho, el propio metalúrgico, convertido casi en un paria entre sus colegas de las distintas versiones de CGT, puede tener revancha. La semana pasada, a falta de una convocatoria de Triaca para una charla, se hizo un lugar en una de las audiencias por el conflicto de la línea aérea Sol, encabezada por Sabor. Lo hizo con la excusa de acompañar al líder de los pilotos de Apla, Pablo Biró, que integra el Movimiento de Acción Sindical Argentino (Masa), un sello gremial que respalda a Caló. En Trabajo contemplan la inclusión de Caló en las negociaciones por el acuerdo social, siempre y cuando Moyano, irritado, no termine por vetarlo.
Puestos y dinero adeudado
El “combo” para ablandar a los gremialistas incluirá también una promesa de creación de puestos de trabajo, un área en la que también hubo conversaciones entre funcionarios del equipo económico y empresarios. Eso no significará romper con un dogma de Macri: no se evitarán los despidos en la medida en que cumplan con las indemnizaciones legales, y tampoco se subsidiará a privados.
El otro punto es, como había adelantado este diario, la distribución de los 26 mil millones de pesos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales, un ítem que quedará como resorte final de Macri en la negociación paritaria.
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