La Justicia penal muestra graves falencias en el procesamiento de las denuncias de mujeres víctimas de violencia de género, a quienes trata con estereotipos que aseguran impunidad a los crímenes y tiende a su perpetuación, afirmó ayer la titular del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, Stella Maris Martínez.
La afirmación se desprende de los resultados del estudio sobre “Discriminación de género en las decisiones judiciales: Justicia penal y violencia de género”, hecho por Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y presentada en el Ministerio Público de la Defensa.
“Desde la muerte de Wanda Taddei, cuyo marido, (Eduardo) Vázquez (baterista de Callejeros), fue imputado como sospechoso (de haberla quemado), se registraron otros ocho casos con agresión de fuego, y los sospechados son parejas o ex parejas que las consideran de su propiedad y les destruyen el cuerpo”, planteó Martínez.
La defensora general advirtió que mientras casos como la agresión en la vía pública de Carolina Píparo llevó rápidamente a la Justicia a establecer una medida cautelar de prisión de los responsables del ataque, en el caso de Taddei el trato fue diferente y su marido permaneció libre.
“Me parece bien que se le crea a un imputado, pero si se le cree a los imputados en la violencia de género, en los demás casos no, y se decide una medida cautelar”, razonó.
En los casos de violencia de género no se toma ninguna medida “hasta que no se agotan otras pruebas subjetivas”, porque se trata de una mujer agredida “no en tanto propietaria, sino en tanto propiedad”, en crímenes “que ocurren en la vida privada para que la sociedad no se inmiscuya”.
“No faltan más leyes sino conocimiento y sensibilización de los operadores de la Justicia penal para que no prevalezca una mirada que elimina el control público del ámbito privado y presenta el hogar como una zona franca, lo que refuerza la inmunidad del agresor”, cuestionó Martínez.
A la presentación del informe asistieron las ministras de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay; la directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadora Julia Levi; la diputada porteña Diana Maffía y la directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, Susana Chiarotti.
Entre las prácticas discriminatorias en los procesos judiciales se encontró que las mujeres denunciantes resultaron investigadas y sometidas a un profundo escrutinio, incluido si había ejercido la prostitución, que no hacía al tema analizado.
También pesan los prejuicios y estereotipos a la luz de los cuales se valoran las pruebas recolectadas, sobre todo los testimonios de las mujeres, que son consideradas –según esta mirada– mentirosas, fabuladoras o corresponsables.
Se revictimiza a la agredida afectando su intimidad –realizando una revisión vaginal a una niña que denunció violación anal, por ejemplo–, lo cual indica la inversión de roles frecuentes en estos procesos, en los que la víctima pasa a ser objeto de prueba. “Subyace en toda la sociedad una sombra atávica que hace que se vea al hombre propietario de su mujer y sus hijos, y puede destruirlos: si esto no fuera así, este tipo de sentencias sería impensable”, dijo Martínez.
A su turno, Argibay señaló que trabajan en la Justicia para “desterrar la frase «siempre se hizo así»”. “Como miembros de un poder del Estado que abolió la esclavitud en la Asamblea de 1813 no podemos permitir que una persona sea tratada como una cosa”, destacó.
Highton de Nolasco, en tanto, advirtió “un cambio de actitud en los jueces penales, quienes desestimaron el 89 por ciento de los casos en el primer año de funcionamiento de la Oficina contra la Violencia Doméstica, y en el segundo año, el 66 por ciento”, disminuyendo el rechazo.
Asimismo, “mientras que en 2009 resolvieron el 11 por ciento, ahora hay un 33 por ciento resuelto, lo cual muestra cómo el proceso va avanzando”, indicó la magistrada. “Tenemos (en la Oficina) 9.000 casos en penales, en total”, ejemplificó.
Highton anunció un convenio “con el Colegio Público de Abogados para que unos cien letrados estén disponibles para hacer de querellantes en casos penales de violencia doméstica”.
Maffía, por su parte, cuestionó “la indulgencia con la violencia en los varones, cuya masculinidad queda en duda si no hace uso del autoritarismo ni colabora con la custodia de este mandato”.
Si bien no hay estadísticas oficiales, un relevamiento que realiza la Asociación Civil La Casa del Encuentro sobre los medios de comunicación concluyó que durante 2009 ocurrieron 217 casos de femicidios, dijo Maffía.
Los operadores jurídicos aún no reconocen en forma debida que la violencia de género es una vulneración específica de los derechos humanos de las mujeres, sostiene el estudio.
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