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Última dictadura militar

Papel Prensa: sobreseyeron a Herrera De Noble y a Magnetto

El juez federal Ercolini señaló que “no han logrado probarse las hipótesis” sobre la “venta condicionada” de la empresa.


El juez federal Julián Ercolini sobreseyó ayer a los directivos de diarios acusados en el marco de la causa en la que se investigaba la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura militar, la que finalmente dio por cerrada. Ercolini, que ya había rechazado el pedido de indagatorias a los directivos imputados, finalmente sobreseyó a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto (Grupo Clarín), a Bartolomé Mitre (La Nación), a Raymundo Podestá, ex secretario de Estado de la dictadura, y al abogado Guillermo Gaínza Paz.

El fallo del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 señala que “no han logrado probarse las hipótesis de imputación” y descartó que la venta de la empresa “hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad”.

Papel Prensa pertenecía al financista David Graiver, cuya muerte en 1976 en un accidente aéreo en México hizo que el paquete accionario pasara a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover.

Ambos denunciaron en 2010 –con el respaldo público de la ex presidenta Cristina Kirchner– que durante la última dictadura militar fueron secuestrados y obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

“No existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada  por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina”, indica el fallo.

En su resolución, Ercolini también afirmó que “no se ha probado de modo alguno una vinculación entre los adquirentes de Papel Prensa el día 2 de noviembre de 1976 y los mencionados hechos previos de coacciones, intimidaciones y amenazas” sino que “por lo contrario, puede inferirse que habrían estado originadas por deudas previas o por relaciones financieras entre el grupo empresario y la agrupación Montoneros”.

El juez sostuvo que el testimonio de Lidia Papaleo sobre la amenaza de Magnetto en una sala de reuniones para que firmara la venta de las acciones “no pudo ser corroborado en testimonial en este proceso por ningún tercero que hubiera estado presente en aquel acto; por el contrario, los testimonios brindados sobre aquella reunión relatan que nada inusual sucedió y que el clima fue cordial y relajado”.

“No se ha constatado de modo alguno en este proceso que las amenazas previas a la familia Graiver hayan tenido alguna vinculación o conexión con quienes adquirieran Papel Prensa S.A. Tampoco se ha constatado por prueba alguna que quienes ostentaban la titularidad de las acciones de Papel Prensa S.A. lo hayan hecho bajo coerción o coacción de los compradores, o de ellos en connivencia con el gobierno de facto imperante, o de ellos en connivencia con grupos clandestinos”, apuntó el juez.

También indicó que “no se ha probado una relación causal entre los gravísimos delitos declarados de lesa humanidad sufridos por los integrantes y allegados al grupo y la venta de la empresa Papel Prensa S.A”, así como tampoco “que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa”.

Sobre ése último punto, el fallo señala que “si bien los puntos denunciados, por los que se calificó de irregular e inescindible de delitos de lesa humanidad la operación comercial fueron descartados (…) debe abordarse también el resultado del estudio técnico de tasación realizado en autos, porque también se ha sostenido ha sido vil el precio de compra”.

“Corresponde dar por cerrado este proceso en razón de que los hechos imputados sostenidos por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas no se han cometido”, indica la resolución del magistrado.

Y agrega: “En efecto, en razón de la prueba producida, las afirmaciones de quienes impulsaron la acción penal por las que sostuvieron la ilegitimidad de la operación comercial de venta de las acciones de Papel Prensa. por parte de representantes del grupo Graiver a la empresa Fapel, por haber estado rodeada de acciones delictivas calificadas de lesa humanidad, deben ser desechadas definitivamente”.

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