La Justicia santafesina condenó al gobierno provincial a resarcir a un autoservicio mayorista de zona sur que sufrió pérdidas cuando fue saqueado durante mayo de 1989 y, por esa razón, tuvo que cerrar. En un dictamen con una disidencia, se le endilgó al Estado santafesino la responsabilidad por la falta de servicio de seguridad durante el hecho que derivó en el cierre de la distribuidora. Sobre los montos a pagar, la Justicia pidió primero a los peritos convertir el monto total de pérdidas –casi 6,3 millones de australes– a pesos.
Desde la defensa del Estado provincial argumentaron que la intervención de las fuerzas de seguridad se orientó con el criterio de no reprimir a la multitud que robó y destrozó el lugar. “Cuando se trata de un servicio público que el Estado presta a la comunidad debe responder directamente por la falta de la regular prestación. Y aunque la falta sea derivada de una decisión política, no caben dudas de que existe una imputación directa al titular del servicio. Podía ser que no existiese un deber de evitar todo el daño pero si al menos debería haber otorgado una protección compatible con los medios disponibles. Aquí no hubo tutela ni protección de ningún tipo”, fundamentó la jueza Mónica Klebcar, que junto al magistrado Fabián Belliza dio forma al fallo desde el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual de la 6ª Nominación.
Tensión en el sur
Según el escrito fechado a fines de octubre de este año, durante la noche del domingo 28 de mayo de 1989 el autoservicio mayorista Dal-Con, ubicado en Gálvez y Necochea, fue atacado por personas no identificadas armadas con hierros y barretas. Cerca de las 23 forzaron el ingreso a la por entonces distribuidora de La Serenísima en la ciudad y sustrajeron mercadería de las estanterías y exhibidores. A su paso dañaron armarios y demás mobiliario. No satisfechos con lo hecho, el ataque de la turba se prolongó durante horas sin que ninguna fuerza de seguridad se presentara al lugar, aun cuando la empresa y los vecinos habían anoticiado a la Policía. Según la empresa, el saqueo se mantuvo hasta las 4 de la mañana del día siguiente cuando llegó al lugar personal de Gendarmería Nacional, que efectuó el esperado desalojo.
Las pérdidas, según atestiguó la empresa, fueron casi totales. Desde la óptica de la firma los días siguientes siguieron con la misma pasividad de las fuerzas de seguridad. Para los titulares de Dal-Con hubo falta de prevención por parte de las autoridades nacionales, provinciales y federales. A tal punto que a las 15 del día siguiente al ataque unas 1.500 personas ingresaron de nuevo al comercio para robar y terminaron dañando focos de iluminación, inodoros y elementos de oficina, entre otros. Una vez más las fuerzas de seguridad fueron acusadas de actuar con pasividad. En esta oportunidad, la Gendarmería no fue necesaria ya que el desalojo fue voluntario. Por la noche los empleados cerraron como pudieron los portones sin el amparo de la Policía. Esto determinó el cierre del autoservicio mayorista al mes siguiente. El local significaba, siempre según la parte acusadora, un 40 por ciento de la actividad de la empresa no originada en Rosario.
Debate de la defensa
La defensa del Estado provincial se basó en atacar los relatos del hecho y minimizar la cantidad de negocios afectados por los saqueos. Pero la principal arma retórica fue la noción de que el Estado había actuado a conciencia y evitando un mal mayor. “En su momento optaron por evitar sangrientas represiones que podrían haber sucedido entre el 28 y 29 de mayo de ese año”, especifica el fallo.
La resolución de los magistrados hizo lugar parcialmente a la demanda de la empresa y condenó al gobierno provincial. La disidencia estuvo por parte de la jueza Klebcar, que estableció que la provincia no tenía responsabilidad del acto lícito ya que el daño invocado por el actor era una consecuencia normal y previsible de la medida política de no reprimir ante los estallidos sociales. Sin embargo, la jueza admitió que la provincia tuvo responsabilidad de proveer seguridad y no lo hizo.
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