Una de las rarezas institucionales de Santa Fe es que el período de sesiones ordinarias de su Legislatura recién se inicia el quinto mes del año, dos meses después que el resto de los parlamentos provinciales, municipales y el Congreso de la Nación, lo cual implica que durante medio año diputados y senadores sólo debaten aquellos temas que habilita el Poder Ejecutivo de turno. Esa rareza surge de la obsesión por garantizar la gobernabilidad de los constituyentes que sancionaron la Carta Magna provincial de 1962, intención que también se manifiesta cuando manda que la Cámara de Diputados se componga con una mayoría automática de 28 bancas sobre 50 para el ganador de la elección y en los mandatos de cuatro años que empiezan y terminan con los del gobernador y vice.
La apertura del período ordinario es además ocasión del discurso del gobernador a la Asamblea Legislativa. Acto institucional acartonado y “aburrido” para el común de los ciudadanos, pero un hecho político inocultable.
La seguridad, excluyente
El discurso de Antonio Bonfatti el jueves pasado, por ejemplo, tiene la marca del tiempo que se vive. Mal que les pese a los escribas que se esforzaron por sintetizar en 35 carillas el trabajo en innumerables frentes, la seguridad pública fue el tema excluyente. Y lo fue en cuanto a las repercusiones del discurso como en los incidentes ocurridos en el exterior del edificio protagonizados por familiares de víctimas de delitos dolosos.
El discurso que hizo el gobernador revela cómo cambiaron las prioridades, por ejemplo, en la obra pública que se solventa con presupuesto propio. Ralentiza la construcción de los grandes hospitales iniciados en 2008 para reorientar recursos y esfuerzos en una obra pública de menor envergadura, caracterizada por su impacto social-comunitario, por lo general infraestructura urbana en sectores urbanos menos favorecidos.
Es cierto que tienen fuerte impulso los grandes acueductos, una deuda histórica que el FPCyS se propuso saldar con dos tercios de los santafesinos que acceden a agua escasa y de mala calidad. Pero estos proyectos tienen las características, la posibilidad y el consenso para ser financiados vía toma de crédito público. Lo mismo nuevas cárceles, tantas veces prometidas pero siempre postergadas, por recortes presupuestarios en algunos casos y rechazo social en otros.
Los grandes hospitales ya iniciados de Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, tarde o temprano recurrirán a esa misma fuente de financiamiento para terminarse. No es una historia distinta a la del Heca en Rosario, hoy un hospital espectacular pero ayer blanco de descarnados cuestionamientos de la oposición.
La agenda ordinaria
A pesar de las prerrogativas constitucionales, el período extraordinario de sesiones no fue fructífero para el Ejecutivo, que recién a última hora obtuvo las medias sanciones para tomar crédito para infraestructura y para incorporar cadetes y policías retirados. Ahora, la apertura del período ordinario abrió el juego a una serie de iniciativas del Ejecutivo que esperan aprobación.
Ley de suelos, reforma del Fondo de Obras Menores, creación de la tasa vial, toma de crédito público para infraestructura y el impuesto verde. El hecho de que ahora estén todos estacionados en una Legislatura dominada por la oposición pone en duda la efectividad de la estrategia parlamentaria y obliga a priorizar el orden de las pulseadas. Sobre todo por un dato central que dificulta el trámite en una Legislatura controlada por la oposición: cada uno de esos proyectos implica discutir recursos millonarios.
En Diputados el justicialismo ya tomó nota e hizo un primer planteo, nada menos que en boca del presidente de la Cámara, Luis Rubeo: “El hecho de que determinadas leyes no se hayan aprobado no tienen que ver con caprichos, sino con que muchas de ellas persiguen un fin recaudatorio que lejos está de modificar la vida de los santafesinos”. Queda claro el posicionamiento de la oposición, lo cual no quita que cada proyecto merece un análisis particular –una cosa es la polémica tasa vial para arreglar rutas, hoy sin chances de salir, y otra muy diferente la ley de suelos, que es de lo más progresista que se vio en este país para disuadir la especulación con la tierra urbana (no hay mejor forma de regular que castigando el bolsillo del especulador) en busca de garantizar el acceso al suelo.
De todos modos, por más afán recaudatorio que se denuncie, no hay que olvidar que el peronismo tiene responsabilidades de gobierno en buena parte de los municipios y comunas, y cualquier aumento de los ingresos de la Casa Gris impacta automáticamente vía coparticipación en los gobiernos locales.
La gestión Bonfatti le propone a la oposición ampliar la torta de recursos para todos; los legisladores peronistas quedan encerrados en el mismo brete desde que son oposición: oxigenar a sus intendentes conlleva darle más alas al gobierno que quiere desplazar del poder en 2015. ¿El final de la película será distinto al de la ya célebre reforma tributaria? En ese caso la oposición la bloqueó en tres oportunidades hasta que accedió a discutirla en 2012, cuando el agua le llegaba al cuello a provincia y municipios.
Sintonía sobre rieles
La falta de acuerdo para congelar las tarifas de la EPE en convergencia con un programa que impulsa el Ministerio de Planificación Federal fue la única nota disonante tras el relanzamiento en noviembre pasado de las relaciones entre el gobierno nacional y el provincial. Por lo demás, la cooperación es negocio redondo: satisfactoria para los santafesinos y para ambas gestiones.
El tren Rosario-Buenos Aires y la seguridad pública son los ejes definitorios de esa relación. El ministro Florencio Randazzo, con aspiraciones para 2015, encuentra en Rosario un ambiente de trabajo más aliviado que en Buenos Aires: allá le recuerdan a cada momento el tiempo perdido en materia ferroviaria y la tragedia de Once; acá sólo hay agradecimiento, expectativa y alfombra roja. El 20 de Junio traerá a la ciudad los coches recién importados para que los rosarinos palpen la materialidad de la promesa.
El ferrocarril en obra también da visibilidad al secretario de Transporte Alejandro Ramos, a pesar que revista en una tribu kirchnerista diferente a la de Randazzo. El baigorriense recibió esta semana un notable espaldarazo del ministro Julio De Vido a su paso por Rosario.
En tanto, el martes vuelve el secretario de Seguridad Sergio Berni, esta vez munido de móviles cero kilómetro para uso de gendarmes y prefectos que patrullan en Rosario. La recuperación y ordenamiento del espacio público, la posibilidad de entrar a barriadas a las que ya no se podía con la Policía local, son el otro costado novedoso del desembarco de las fuerzas federales. La mesa de coordinación que día a día reúne en la sede de Gendarmería a los jefes de las fuerzas federales, de la Policía provincial y funcionarios de la ciudad, dicen, sintoniza como un violín.
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