La ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray fue condenada ayer a tres años y seis meses de prisión por irregularidades en la contratación de una empresa allegada, para la refacción de la sede de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, durante la gestión presidencial de Carlos Menem; pero no irá presa hasta que el fallo quede firme.
El Tribunal Oral Federal N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires (TOF6) dictaminó la misma pena por “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” para la entonces titular de la Secretaría de Ambiente menemista y el arquitecto Santiago Bignoli, mientras que el segundo de Alsogaray en esa dependencia, Enrique Kaplan, fue sentenciado a tres años y tres meses de prisión.
Asimismo, Alsogaray recibió la pena accesoria de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y además los tres condenados fueron multados con la suma de 50 mil pesos.
Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta concluyeron que los procesados cometieron el delito de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, según el veredicto dado a conocer ayer por la tarde, al término del juicio oral y público celebrado en los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002, de Capital Federal.
Sin embargo, Alsogaray no irá presa en lo inmediato porque en la sentencia –como ocurrió en la dictada en abril de 2014– ordenó la “inmediata captura” de la ex funcionaria del gobierno de Menem cuando el fallo quede firme.
Se estima que la “inmediata captura” no ocurrirá en los próximos días porque la lectura completa del fallo del TOF 6 fue fijada para la audiencia del 5 de marzo próximo y, aun entonces, la asistencia letrada de Alsogaray, a cargo de la defensora oficial Pamela Bisserier, puede apelar la condena.
Al respecto, la Fiscalía había pedido una pena de cuatro años y dos meses de prisión para Alsogaray, tres años y seis meses para Kaplan, y para Bignoli el castigo por el que fue condenado.
Durante el proceso judicial se evaluó si hubo pago de sobreprecios en las refacciones de la secretaría que funcionaba en el edificio de San Martín 459, en el centro porteño.
Esta es la cuarta condena contra la ex funcionaria menemista, ya que antes había sido responsabilizada por enriquecimiento ilícito, por irregularidades en su gestión al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y por defraudación al Estado durante la privatización de Entel.
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