Rodrigo Arévalo
El gobierno nacional refuerza el aparato represivo de cara a diciembre. Ahora en el terreno legal. El proyecto de reforma del Código Penal que el Ejecutivo enviará al Congreso durante noviembre aumentará las penas por cortar el tránsito y endurecerá el ingreso de inmigrantes.
El proyecto, en el que trabajó una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky, aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte públicos y privados sin autorización.
Con esa redacción, el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado. A su vez, el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.
El intento del gobierno de Mauricio Macri generó rechazo en organizaciones sociales y sindicatos, que lo calificaron como “una criminalización de la protesta social”.
El referente de la Corriente Clasista Combativa (CCC), Eduardo Delmonte, dijo a El Ciudadano que “el gobierno utiliza la represión para imponer el ajuste económico que se viene” y está “tomando los recaudos para que la gente no proteste”.
Para Delmonte, “el piquete es una forma de protesta que el pueblo la ha asumido como propia”. Argumentó que “no sólo es utilizada por desocupados sino por cualquier sector de la sociedad que tiene un reclamo y no es oído por el Estado, entonces usa esta modalidad para llamar la atención”.
El dirigente social se mostró preocupado por el crecimiento de su organización que “lamentablemente significa que aumentó la pobreza”. Delmonte confió que lo que se viene es “un plan de lucha continuado” y que “la conflictividad social no está más extendida por las vacilaciones de los dirigentes nacionales”.
“No van a resolver la pobreza con medidas legales, deben resolverla con medidas sociales y económicas”, apuntó Delmonte.
Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores Rosario, Paulo Juncos, señaló que “esto tiene que ver con el avance de las políticas represivas del gobierno nacional”.
“Para implementar el plan de ajuste tienen que prever políticas represivas para contener la protesta social. La única respuesta que tienen ante la movilización y el descontento social es la represión por eso hace poco transfirieron fondos de la educación a la órbita de los esquemas de seguridad”, dijo el gremialista rosarino.
El secretario general de la CTA local que a nivel nacional responde a Hugo Yasky teme por lo que pueda pasar en diciembre porque “es un mes muy sensible donde la mayoría de las familias de los sectores populares intenta pasarlo con algo en su mesa”.
“Es un mes donde existe una necesidad cultural de aumentar el consumo, ya que se aproximan las fiestas. Se sensibilizan un montón de cuestiones ante la falta de recursos”, indicó.
En coincidencia, el coordinador de la organización Barrios de Pie, Daniel Menéndez advirtió que “el endurecimiento del aparato represivo no hace más que empeorar la situación”.
Al tiempo que cuestionó un proyecto del gobierno para endurecer penas a cortes de calles durante protestas, el dirigente dijo que “hay un escenario de tristeza y bronca en la calle del acuerdo con el FMI en adelante”, aunque evaluó que “no necesariamente va a derivar en algo conflictivo en diciembre”.
“Yo creo que hay que buscar diálogo y no criminalizar la protesta. Pero ya estamos en campaña y se dice cualquier cosa”, señaló Menéndez en declaraciones radiales.
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