La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario anuló los sobreseimientos de los cinco acusados de la desaparición y muerte de Gerardo “Pichón” Escobar y a la vez les dictó la falta de mérito, lo que permite que continúe y se profundice la investigación. Los tres custodios del after La Tienda y los dos policías que hacían adicionales la noche en que Pichón desapareció habían sido sobreseídos y puestos en libertad en agosto pasado por orden del juez federal Marcelo Bailaque. Para la familia de Escobar y sus representantes, el fallo de tribunal conocido ayer implica un “avance positivo”.
El crimen de Pichón Escobar puso en la mira al boliche La Tienda, el último lugar donde fue visto con vida, y a varios patovicas y policías que trabajaban en el local nocturno. Pichón tenìa 25 años y trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad. El jueves 13 de agosto fue al Casino, ganó dinero, se compró ropa y salió con amigos. Estuvo en Bogart, un cantobar de Santa Fe y Presidente Roca, y de ahí partió con un amigo hacia La Tienda, en Tucumán 1119.
Su compañero lo perdió de vista y cuando salió el patovica Cristian Vivas le dijo que Gerardo ya se había ido. Una semana después, su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná. En ese lapso, el mencionado empleado de seguridad fue demorado porque de su casa salió la última señal de GPS del celular de Pichón.
Sin embargo, fue a finales de agosto cuando este empleado de seguridad, de 36 años, fue imputado como autor del crimen de Gerardo, cometido la madrugada del viernes 14 de agosto. Sus compañeros de trabajo en el after José Luis Carlino, de 34 años e integrante de la barra de Newell’s, y César Ampuero, de 30, y los empleados policiales Maximiliano Amiseli y Luis Alberto Noya, ambos de 32, fueron acusados de encubrir el asesinato ante la Justicia provincial.
La investigación de la muerte del joven empleado municipal fue un traspié tras otro ya que, cuando Pichón estaba desaparecido y nadie lo buscaba, se perdieron días valiosos de recolección de pruebas para poder saber qué pasó.
Desde el hallazgo del cuerpo, los abogados Salvador Vera y Guillermo Campana, que representan a la familia Escobar, solicitaron que la causa sea investigada por la Justicia federal debido a que se trataba de un caso de desaparición forzada de persona que involucraba a fuerzas policiales.
Un mes después de su desaparición, en septiembre de 2015, el defensor provincial Gabriel Ganón pidió cambiar la figura de la investigación y que pasara a la Justicia federal, pero el pedido fue rechazado por el juez Luis María Caterina, a instancias de los fiscales que investigaban el homicidio, Marisol Fabbro y Rafael Coria.
Sin embargo, en las audiencias posteriores las pruebas apuntaron fuertemente a la participación de las fuerzas policiales de la seccional 3ª en el encubrimiento del crimen, por lo que la Fiscalía se sumó al pedido de la querella y solicitó que la pesquisa fuera enviada al fuero federal. Finalmente, en diciembre el juez Caterina declaró la incompetencia de los Tribunales provinciales. A pesar de la negativa de la defensa, que cuestionó incluso la existencia de una muerte violenta, el magistrado hizo lugar al reclamo al entender que existe la posibilidad de una participación de personal policial en el hecho. Caterina refirió que esa noche, en ese lugar, “el Estado era la comisaría 3ª y la Policía de Santa Fe”, y destacó la probabilidad de que los involucrados hayan contado con apoyo policial, lo que interpretó suficiente para dictar la incompetencia.
En marzo pasado, en una audiencia celebrada en los Tribunales provinciales, la jueza de Cámara Depetris confirmó lo dispuesto por Caterina. Pero en primera instancia la Justicia federal rechazó la desaparición forzada, y luego la Cámara terminó aceptando.
En julio, los cinco acusados declararon ante Bailaque, que resolvió el sobreseimiento de todos, aunque ayer el fallo fue anulado por la Cámara Federal.
En diálogo con El Ciudadano, Guillermo Campana, abogado querellante que representa a la familia de Escobar, sostuvo que la decisión implica un avance porque obliga a que la investigación se profundice: “Si bien la solicitud de la querella había sido el procesamiento de los cinco imputados por considerar que había elementos suficientes para inculparlos, el fallo es positivo porque pudimos revertir el sobreseimiento, que implicaba volver a cero”.
“La falta de mérito no los desvincula de la causa y hace que la Fiscalía tenga que investigar y probar lo que sucedió”, dijo Campana. Además, la querella junto con el fiscal de Cámara, Claudio Palacín, habían pedido que se apartara de la investigación al juez federal Marcelo Bailaque, lo cual no fue concedido. “Lo importante es que le ordena profundizar la investigación”, explicó el abogado y agregó que ahora es el momento de incluir nuevos elementos para procesar a los cinco sospechosos.
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