El Ciudadano
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este martes el cercenamiento de derechos civiles de los 2,5 millones de palestinos que viven bajo ocupación militar israelí en Cisjordania, en contraste con los más de 400.000 israelíes en el mismo territorio que son población colona en virtud de la ley internacional.
“Los derechos otorgados a una población ocupada deben ser al menos iguales a los derechos” de la ciudadanía de la potencia ocupante, denunció en un informe la entidad, cuyo director en la región, Omar Shakir -autor de la investigación-, fue expulsado recientemente al ser acusado por el gobierno de fomentar el boicot a Israel.
La organización analiza en un informe el uso israelí de órdenes militares que aplica sobre la población palestina del territorio cisjordano, ocupado desde 1967, las cuales ve como “draconianas”, y destinadas a “discriminar” la protesta y la actividad política no violenta.
Para HRW, esta “suspensión indefinida de derechos a largo plazo” vulnera la legislación internacional y la ley de la ocupación.
Esta norma, según la ONG, le otorga al ocupante una amplia autoridad para restringir derechos, pero le obliga a facilitar una vida pública ordinaria a la población ocupada, una prerrogativa que Israel no cumple al “paralizar” su realidad política y social.
El informe, difundido por la agencia de noticias EFE, denuncia que las autoridades israelíes mantienen regulaciones del Mandato Británico de Palestina (1922-1948) que se suman a cientos de órdenes militares adoptadas desde 1967.
Estas permiten al Ejército “despojar a los palestinos de las protecciones básicas de derechos civiles” e imponer penas de hasta 10 años de prisión tras ser juzgados en tribunales militares.
Con ello se enfrentan a juicios “injustos” con “una tasa de condena de casi el 100%”.
Asimismo, estas órdenes “dan carta blanca” al Ejército israelí “para enjuiciar a cualquier persona que se organice políticamente, se exprese e incluso informe de una manera que no agrade”, lo que ha servido para arrestar a periodistas, activistas o personas contrarias a la ocupación.
La Justicia militar puede sentenciar a una década de cárcel a civiles condenados por acciones que, según Israel, influyen en “la opinión pública de una manera que podría ‘dañar la paz o el orden públicos'” o por incitación, al acusarles de apoyar o mostrar simpatía para grupos que percibe como “hostiles”, denuncia HRW.
También puede aplicar penas similares contra los que participen en reuniones de más de 10 personas con contenido político y muestren banderas o símbolos sin permiso del Ejército.
Las órdenes militares han servido para vetar desde 1967 a más de 411 organizaciones, entre las que hay los principales movimientos políticos palestinos.
Entre julio de 2014 y junio de 2019, el Ejército procesó a más de 4.500 palestinos por acceder en áreas declaradas como zona militar cerrada -una medida que suele adoptar cuando hay protestas-, a 1.740 por integrar grupos que considera ilegales y a más de tres centenares por incitación a la violencia.
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