El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) celebró hoy el fallo judicial por el que se intima al Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a que cumpla efectivamente con una sentencia por la falta de reglamentación de la ley de acompañamiento de testigos en juicios por delitos de lesa humanidad.
En su fallo, la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, intimó al gobierno de la Ciudad a que en un plazo de diez días “acredite haber cumplido con la sentencia dictada en autos, que al día de la fecha se encuentra firme”, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de 500 pesos por cada día de demora.
Se refiere así a la ley 2.939 de 2008, que aún no fue reglamentada por el gobierno porteño, que dispone el acompañamiento psicológico, de hospedaje y logístico a testigos y querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad que tramitan en la Ciudad de Buenos Aires.
Según refiere la organización, en el primer fallo de mayo de 2012, el juez Juan Vicente Cataldo había ordenado a Mauricio Macri que reglamentara la ley en 20 días, a pedido del ODH y de la Agrupación H.I.J.O.S. quien había advertido que la falta de reglamentación era “un veto encubierto”.
“Lamentamos profundamente que el Jefe de Gobierno deba ser sancionado por no cumplir con su función, al avasallar a los otros dos poderes del Estado, incumpliendo una ley y varias sentencias”, señala el Observatorio en un comunicado.
La organización aclaró que solicitó la aplicación de la multa “bajo el convencimiento de que es la única forma de lograr que la sentencia se ejecute, ante la ominosa ausencia de voluntad política demostrada por el Jefe de Gobierno”.
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