Las compañías petroleras y mineras deberán liquidar en el país el ciento por ciento de sus exportaciones, según un decreto del gobierno nacional publicado ayer en el Boletín Oficial, en medio de una fuga de divisas que obligó al Banco Central a sacrificar más de 800 millones de dólares en casi un mes para frenar la suba de esa moneda. Así, el Ejecutivo restableció la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de la totalidad de las divisas provenientes de operaciones del comercio exterior de petróleos crudos, sus derivados, gas y minería. Estas empresas estaban beneficiadas por un régimen diferencial para manejar ese dinero fuera del país.
La medida fue dispuesta a través del decreto 1722, firmado por la presidenta Cristina Fernández; por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y por el ministro de Economía, Amado Boudou. El decreto indica en sus considerandos que “las materias primas que se exportan provenientes de las actividades minera y petrolera, recursos no renovables, cuentan con un régimen diferencial que las exime de la liquidación de divisas”.
En el caso de las compañías petroleras, la libre disponibilidad de divisas es de 70 por ciento. Según la norma, el restablecimiento de la obligación para las empresas petroleras y mineras de liquidar divisas en el mercado cambiario local obedece a “razones de equidad”. Justifica el cambio “con la finalidad de otorgar un trato igualitario respecto de las demás actividades productivas, como por ejemplo las del complejo agroexportador”.
Señala, además, que se modificaron las circunstancias que dieron origen a excepciones en dicha obligatoriedad, inicialmente dispuesta mediante el decreto 2581, del 10 de abril de 1964. Aquella norma, resuelta durante la presidencia de Arturo Illia, establecía que el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales, hasta alcanzar su valor FOB o CYF, según el caso, debe ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambio dentro de los plazos que establezca la reglamentación.
El decreto 530, del 27 de marzo de 1991 (durante la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía), devolvió a las empresas la facultad para manejar divisas fuera del país.
Esa situación volvió a suspenderse mediante el decreto 1606, del 5 de diciembre de 2001, ya en los últimos días del gobierno de Fernando dela Rúay con el mismo Cavallo en Economía, ante la grave crisis de la convertibilidad.
En lo relativo a la minería, el decreto 417, del 27 de febrero de 2003, durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, exceptuó a las empresas del sector de la obligación de liquidar divisas de exportación en el mercado cambiario nacional.
El decreto 753, del 17 de junio de 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, limitó esa facultad a las empresas mineras que presentaran nuevos proyectos o ampliaciones de unidades productivas existentes.
Según datos del Indec difundidos el viernes pasado, en los primeros nueve meses del año las exportaciones de combustibles y mineras fueron de 4.552 millones de dólares, una baja de tres por ciento interanual, y de 499 millones en setiembre, para una caída de nueve por ciento en la comparación con igual mes de 2010.
En tanto, la decisión del gobierno nacional podría aumentar entre 3 mil y 4 mil millones de dólares el monto de liquidación de divisas en la plaza local, de acuerdo con estimaciones privadas.
El Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambio sacrificando otros 180 millones de dólares para frenar un alza de esa moneda y el gobierno volvió a enviar a casas de cambio y bancos de la city porteña agentes dela Afipy otros organismos para controlar sucursales y disuadir al público minorista y a “coleros” de persistir en la compra, por tercera jornada consecutiva. El dólar cerró ayer estable en las principales casas de cambio y bancos de la zona financiera porteña, a 4,22 pesos para la compra y 4,26 pesos para la venta.
Como se dijo, el gobierno recrudeció esta semana su política de control para evitar las irregularidades en el mercado de cambio, en medio de un fuerte aumento en la fuga de capitales, que estaría ya en los 3 mil millones de dólares mensuales.
Para el dirigente de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, el decreto “es bueno pero insuficiente, porque no hay control público sobre lo que se exporta. Es a simple declaración jurada de las empresas”. Vía Twitter, Solanas indicó que “a las petroleras se les sigue dando exenciones de pagos arancelarios, mercados desregulados y concesiones de yacimientos sin limitaciones”. Y sostuvo que “con el decreto no se modificará la asociación del gobierno con las multinacionales que extraen nuestros recursos estratégicos”.
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