Optimistas o pesimistas, todos abren el paraguas. El obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, reiteró ayer que el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto con Uruguay por la papelera Botnia “debe ser respetado” aún cuando “sea adverso” a la postura argentina. El sacerdote le había pedido el viernes pasado a los asambleístas entrerrianos que, a modo de “gesto pascual”, levanten durante Semana Santa el corte que mantienen desde hace tres años y medio sobre la ruta internacional 136 que comunica a través del puente internacional con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, en cuyos alrededores está la pastera de la discordia. La respuesta fue negativa, y además los asambleístas –y toda la sociedad de Gualeguaychú– están divididos respecto de los pasos a seguir si desde el tribunal internacional no se ordena la relocalización de la planta de celulosa, algo que no están dispuestos a ceder –ayer lo reiteraron– los ambientalistas más radicalizados. Desde el gobierno, en tanto, expresaron una anticipada confianza en que se condenará al Estado oriental por la violación del Estatuto del río Uruguay, que exige consulta previa entre las dos naciones antes de que cualquiera de ellas autorice un emprendimiento potencialmente perjudicial para el curso de agua compartido. No obstante, la diplomacia local no abundó respecto de si el fallo que se espera implicaría la orden de “relocalizar” la planta finlandesa.
El dictamen se conocerá a las 10 de la mañana (hora argentina) del próximo 20 de abril, y ya todos los actores involucrados están tomando recaudos.
En respuesta al pedido del obispo local, los asambleístas de Gualeguaychú reiteraron que someterán la continuidad del corte de la ruta 136 al voto de “toda la ciudadanía” el mismo día en que se conozca el fallo, pese a que se mostraron optimistas y con altas expectativas sobre la sentencia del tribunal internacional.
Lozano, por las dudas, insistió en que “el fallo de La Haya es una instancia internacional muy importante y debe ser respetado”. Y advirtió que “si es adverso” a la posición argentina “habrá que buscar instancias de apelación, pero no hay modo de decir si se lo acata o no”.
También ayer, la consejera legal de la Cancillería, embajadora Susana Ruiz Cerutti, aseguró que “la revalorización y el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay” es la principal aspiración que tiene el gobierno respecto a lo que decidan los jueces.
La funcionaria, que encabezó la representación ante la Corte Internacional de Justicia, explicó que si bien no puede especular con la decisión del tribunal, “Argentina demostró la violación del Estatuto por parte de Uruguay, y la influencia (nociva) de la pastera en el ecosistema del río y las zonas adyacentes”.
Con todo, en caso de que el dictamen no incluya la orden de relocalizar Botnia, las cosas volverán a complicarse si es que prima la posición de los asambleístas más intransigentes. Martín Alazard, por caso, aseguró ayer que el grupo que movilizó el rechazo a la instalación de la planta finlandesa “no puede comprender un fallo adverso, porque no sólo Botnia es una empresa ilegal, sino que ya afectó el ecosistema del río Uruguay”. Y en base a esta premisa, adelantó que “la lucha va a continuar hasta que la fábrica deje de emitir su efluente a la cuenca” del río binacional.
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