Un cierre de 2009 “ajustado” y un comienzo del año entrante “difícil” fue el escenario que el ministro de Economía, Amado Boudou, trazó frente a sus pares provinciales el jueves de la semana pasada cuando se reunieron en la Comisión Federal de Responsabilidad Fiscal, en el Palacio de Hacienda, para discutir medidas tendientes a encontrar una solución (claramente, no definitiva) al acuciante tema de la creciente deuda de las provincias.
Los ministros de Hacienda provinciales transmitieron de forma inequívoca que, antes de que transcurran las seis semanas que faltan para que termine 2009, necesitan imperiosamente de esa asistencia adicional para cerrar sus cuentas fiscales. Puntualmente, tal fue el caso del representante de Santa Fe, Ángel Sciara, cuando junto al mendocino Adrián Cerroni resaltaron que “muchos distritos no llegan a fin de año”.
Sin embargo, enmendar los problemas de caja en 2009 no es más que eso, un “parche”, ya que posterga la solución de fondo en la distribución de ingresos entre provincias y Nación, y escinde en dos caminos bifurcados a los recursos que perciben, por un lado, de las responsabilidades en el gasto que existen en los distintos niveles de gobierno.
En el trabajo “Política fiscal en Argentina durante el régimen de convertibilidad”, el economista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Oscar Cetrángolo describe cómo, durante los noventa, “el proceso de descentralización fiscal que dominó las reformas en las áreas educativa y sanitaria tuvo como motivación excluyente la decisión del gobierno nacional de modificar en su favor las relaciones financieras con las provincias y municipios”. A ese factor se sumó que, con la crisis de fines de 2001 y las necesidades de lograr una mayor recaudación a nivel nacional, el gobierno creara tributos que hoy no se coparticipan, tal como son el impuesto al cheque y las retenciones (aunque el 30 por ciento de los derechos de exportación a la soja se reparten con las provincias a través del Fondo Federal Solidario).
Según el artículo 7 de la ley de coparticipación federal de impuestos, la proporción de recursos tributarios recaudados por la administración nacional que se transfiere automáticamente a las provincias debe ser, como mínimo, de 34 por ciento. Sin embargo, a partir de 2002, se dejó de cumplir ese porcentaje y se pasó a un promedio de 32,5 por ciento, según sostiene un estudio del Instituto
Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Este menor ratio de reparto con las provincias de los tributos que se cobran a nivel nacional equivale a una pérdida acumulada entre 2002 y el primer trimestre de 2009 de 11.350 millones de pesos en el consolidado con los 24 estados subnacionales. En Santa Fe, siempre según el estudio del Iaraf –dirigido por el economista Nadin Argañaraz– ese monto asciende a 1.009 millones de pesos, cifra que si se lleva a valores actuales (indexado por el efecto de la inflación) es de 1.370 millones de pesos.
Así, frente al creciente déficit de las provincias (que asciende a 8.100 millones de pesos en el consolidado), el titular del Palacio de Hacienda recalcó en la reunión del jueves con sus pares de los estados subnacionales que con la suspensión de los artículos de la ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada a fines de octubre en el Congreso, se aliviará la presión del rojo en las cuentas, ya que libera el endeudamiento de los gobernadores para gastos corrientes. Simplemente, otro “parche” más que no soluciona la cuestión de fondo.
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