No habrá juicio por la muerte de un perro comunitario

Rosario no será la sede del primer juicio oral y público por la muerte de un perro comunitario. La Fiscalía y la defensa del hombre acusado de matar a Guazuncho, perro de la calle cuidado por vecinos del barrio Matheu, acordaron una probation. Antes de discutir una condena de un año de prisión en la corte, defensa y Fiscalía convinieron que deberá pagar con alimento balanceado a una protectora de animales, empezar un tratamiento psicológico y hacer trabajo comunitario en el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa). Desde el municipio admitieron que no existe un relevamiento de cuántos animales callejeros son cuidados por vecinos.

Guau

En una semana Juan Armando B., un camionero desempleado de 60 años, estará a una charla de cerrar un acuerdo. Aceptará la culpa por la muerte de Guazuncho, un perro sin dueño del barrio Matheu. Del otro lado, estará la Fiscalía y la querella, una asociación protectora de animales que por primera vez fue aceptada como posible partícipe acusatorio en la Justicia. Habían pedido que cumpla un año de prisión durante la audiencia imputativa suspendida hace meses en la sala con mayor capacidad de los Tribunales provinciales. Si acuerdan las partes, el hombre evitará ser imputado por maltrato animal. En diálogo con El Ciudadano, Sabrina Latino, abogada de la Protectora Rosario, al frente de la parte acusatoria, opinó: “Sería más efectivo llegar a una suspensión del juicio a prueba (probation) pero con algunas pautas de conducta que sean un poco más duras y un resarcimiento económico que implicara un esfuerzo mayor para el imputado”. Hasta el momento, el preacuerdo entre la defensa y la Fiscalía fue que el hombre deberá entregar a la Protectora Rosario una bolsa de 15 kilos de alimento balanceado por mes durante un año. También deberá iniciar un tratamiento psicológico y hacer trabajo comunitario en el Imusa.

Camino a la probation

Entre la audiencia imputativa de julio y el próximo viernes hubo dos reuniones entre la defensa de Juan Armando B. y la Fiscalía. En la primera, nadie se movió de lo dicho en la audiencia. El hombre sostuvo que el 17 de enero hirió al perro con un fierro sin querer cuando intentaba separar una pelea entre Guazuncho y dos de sus perros en la puerta de su casa. Arrepentido, ofreció 3 mil pesos, ir al psicólogo y ayudar al Imusa como herrero. La postura de la Fiscalía también era firme. “Luego de un año y medio de dispendio jurisdiccional y medidas investigativas no vamos a cerrar una probation. También es una decisión del fiscal regional (Jorge Baclini) como política de persecución penal. Se planteó un abreviado evitando ir a juicio con una reducción de pena y no tuvimos respuesta”, había dicho a este medio la secretaria de gestión del Ministerio Público de la Acusación, Marina Pieretti. La funcionaria coordina la oficina de Maltrato Animal de la Fiscalía, un espacio que cuenta con similar infraestructura que la unidad de Violencia Institucional encargada de recibir reclamos por abusos de policías, por ejemplo. Creada en 2015 por pedido de ONG proteccionistas y hasta un concejal de la ciudad, Carlos Cossia, recibe por día hábil dos denuncias, la mayoría entre vecinos por el descuido de mascotas o caballos en la calle.

En la segunda reunión, las posiciones cambiaron.

Los callejeros están bajo control

En diálogo con este diario, el director del Imusa, Daniel Rinaldi, confirmó que no existe un relevamiento de cuántos perros comunitarios hay en Rosario. Tampoco están en el Registro Único de Mascotas (RUM), creado para controlar la población animal pero principalmente las razas de perros potencialmente peligrosos. “No tenemos la capacidad de hacer un relevamiento. Si hago eso, dejo la campaña de esterilización”, lamentó el funcionario.

De acuerdo con Rinaldi, la mayoría de los comunitarios no están identificados como establece la ordenanza que creó la figura de guarda de barrio. Los que sí tienen es un collar. Están en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, la plaza Sarmiento, la San Martín, el Monumento a la Bandera y los parques de la ciudad. Para el funcionario es una población controlada desde lo sanitario: esterilizados y desparasitados, ya sea en clínicas privadas o en el instituto público con sede en Francia 1940. En todos los casos, son llevados por los vecinos o cuidadores. “Hemos tenido problemas cuando retiramos a uno cuando vemos que está herido. Ahí aparecen los dueños interesados y temen lo peor. Todavía está arraigada la idea de la perrera municipal (que llevaba animales de la calle para ponerlos a dormir) y hay resistencias”, describió el funcionario. En el Imusa se estabiliza, se lo castra si aún no lo está o se le da un antiparasitario. Rápido, es devuelto al lugar de origen: calle, plaza o parque. La esterilización baja la agresividad hormonal del perro pero no la elimina. “Son animales y lo territorial juega un rol importante en posibles riñas con otros canes. Cuando retirás a un perro para asistirlo ese lugar se pone en disputa”, explicó Rinaldi.

Consultado por la modalidad de trabajo comunitario que deberá hacer el acusado de matar a Guazuncho, el director del Imusa dijo que no se trata de un trabajo intenso. Más que nada, y si lo permite el caso, acompañar al personal en tareas de mantenimiento.

La querella, figura polémica del nuevo sistema procesal

El caso de Guazuncho marcó un hito en la historia de los Tribunales rosarinos. No sólo porque se trató de un caso que no pudo resolverse en una mediación y llegó hasta la Justicia, sino porque los jueces admitieron por primera vez a una ONG protectora como querellante en el inicio de la causa, ya que el perro de barrio Matheu no tenía dueño. La figura de querella, que llegó en 2014 con el nuevo Código Procesal Penal, incorpora al juicio a una parte interesada en que el proceso judicial sea limpio. Desde que fue instaurada, hay varios casos donde los magistrados negaron la constitución de querella. Sólo a modo de ejemplo, el juez de primera instancia Hernán Postma rechazó el pedido de Vicente Godoy y su esposa para ser parte del juicio por el homicidio de su hijo Carlos, de 25 años. El argumento de Postma fue que no eran “herederos forzosos”, ya que el joven asesinado era padre de un niño de tres años. Fue la segunda vez que les negaban a los Godoy formar parte del juicio. Carlos tenía dos trabajos, ningún antecedente penal y vivía en Empalme Graneros, y según las denuncias, fue víctima de gatillo fácil.