Que la mitad de los trabajadores no tenga un empleo decente, como sucede actualmente en el país, no quiere decir que esa porción de la fuerza laboral esté disconforme con el salario, los jefes o los horarios que debe cumplir. En rigor, significa todo eso y bastante más. En la Argentina hay 4,4 millones de trabajadores desarrollando sus tareas en la informalidad. Sus sueldos son más que bajos que en el mercado formal, equivalen en promedio a menos de la mitad de los que cobran quienes sí están registrados. No tienen licencias, ni horas extras, ni prácticamente los derechos laborales a los que pueden apelar los trabajadores formales y limitadas formas de conseguirlos. Las políticas en materia de blanqueo de empleados y creación de puestos han tenido algún impacto, pero todavía no logran equiparar al país con otras naciones desarrolladas ya que además de todos estos trabajadores precarios, hay un millón de desocupados.
La Escuela de Economía “Francisco Valsecchi” de la Universidad Católica Argentina presentó el mes pasado un informe de empleo y desarrollo que analiza la situación argentina basado en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que el Indec ha vuelto recientemente a publicar.
La información revela que –a pesar del crecimiento económico y de las medidas implementadas en los últimos años– en el primer semestre del 2009 existían 4,4 millones de trabajadores en actividades informales y un millón de desempleados. La población con problemas laborales alcanzaba en ese momento a 47 por ciento del total de la población económicamente activa y aumentó en el último tiempo por la crisis económica internacional.
En materia de salarios las diferencias que perciben los trabajadores siguen mostrando una brecha enorme. El ingreso promedio del trabajador en negro es 1.040 pesos mensuales, menos de la mitad de lo que reciben los trabajadores formales. Hay que contabilizar también el costo que supone a un trabajador informal el no tener acceso a aportes a obras sociales, jubilación, ART, entre otros beneficios que sí tiene el empleo formal.
Según Patricio Millán, director de la Escuela de Economía de la UCA, “es interesante destacar que a pesar de la importante creación de empleos que hubo entre 2004 y 2009, el año pasado había 4,2 millones de trabajadores informales en el sector privado. Esta cifra es prácticamente la misma del año 2004, lo que apunta a la continuación de un problema de características estructurales en el mercado del trabajo del país”. El analista afirma que para cambiar esta crítica situación es necesario implementar una fuerte modernización de las instituciones laborales, en especial reduciendo la carga “burocrática” que significa actualmente la contratación de trabajadores “en blanco”.
Otros informes académicos coinciden con la precarización actual del trabajo como consecuencia de que un sector de la población viene de generaciones y décadas de exclusión del mercado laboral. Pero también, marginados de las instituciones educativas que podrían permitir su inclusión futura. Esto se observa muy palpable en los datos de demanda laboral insatisfecha.
En febrero creció el índice que elabora la Universidad Di Tella, que registró un crecimiento de 14,2 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. Pero aún está 40,2 por ciento por debajo de febrero de 2008, cuando comenzaron a sentirse los primeros impactos de la crisis internacional. La demanda de empleo que más aumentó fue la de profesionales, seguida por los empleados técnicos y administrativos. Coincide en esta perspectiva la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario (FAETT) que realiza un estudio de demanda laboral basado en la publicación de avisos. Para ellos, el crecimiento interanual fue de 26,75 por ciento.
Todos esos datos serían alentadores si incorporaran realmente personas económicamente activas al mercado formal. Pero las empresas también encuentran sus propias trabas. Según el Indec, el 36 por ciento de las compañías encuestadas buscaron personal en el cuarto trimestre del año pasado, pero sólo el 8 encontró candidatos idóneos para responder a los requerimientos específicos del empleo.
La calificación solicitada que no fue cubierta respondía en el 44 por ciento de los casos a operarios, y 34 por ciento a profesionales y a técnicos.
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