El gobierno y las provincias atraviesan otro frente de tormenta como consecuencias del freno a las transferencias a las cajas jubilatorias apenas días antes de una nueva reunión entre entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el 4 de abril, con miras a la firma del llamado “Pacto de Mayo”. La nueva embestida no parece haber ganado en mayor docilidad por parte de los mandatarios provinciales. Una de las primeras en reaccionar fue Santa Fe: el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, expresó su rechazo al recorte y dijo que se trata de “otro golpe al interior”, con una medida que –además– representa en un incumplimiento y desconocimiento de acuerdos sellados hace décadas. “Las cajas de jubilaciones no son casta. Las cajas de jubilaciones es el ahorro de aportes de los trabajadores durante toda una vida para que llegados al límite de la edad y requisitos puedan vivir dignamente el resto de sus vidas”, sostuvo Boasso, marcando que la Nación le debe a Santa Fe unos $700.000 millones.
La cuestión viene de la década del 90, con desregulaciones y cambios económicos en una línea que Milei ya dijo compartir. En 1994, un año después de la reforma previsional que abrió el ingreso a capitales privados al sistema con las AFJP administrando aportes de “capitalización individual”, se acordó la transferencia de las cajas previsionales provinciales a la Nación. Hasta 1997 diez provincias y la ciudad de Buenos Aires han transferido a la Ansés sus cajas de empleados públicos: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
En tanto, las 13 provincias restantes, entre ellas Santa Fe, continuaron con regímenes previsionales propios para los empleados de sus administraciones públicas: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los haberes, en promedio, son sensiblemente mayores a los del sistema nacional, y el déficit de las cajas se cubrió a partir de nuevos acuerdos. Pero el gobierno de Milei eliminó esta semana los anticipos de pagos a las cajas jubilatorias, lo cual afecta directamente a la liquidación de los haberes de los beneficiarios.
La decisión se interpretó políticamente como un nuevo corsé a las finanzas provinciales por parte de la Casa Rosada para forzar la firma del Pacto de Mayo y la aprobación de la nueva versión de la ley ómnibus, además de impedir la caída del decreto de necesidad y urgencia 70/23, rechazado en el Senado y pendiente del tratamiento en diputados.
En medio de la renovada tensión entre la administración central y los gobiernos provinciales, Boasso retrucó con una salida por arriba del laberinto: “Se debe aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir, que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación”.
Máxima tensión
“Aquí se siguieron pagando las jubilaciones y las pensiones con buenas tasas de sustitución y ahora con este decreto deja sin efecto incluso acuerdos pasados. Y a partir de ahora, si no hay otras modificaciones, no se van a afrontar. La verdad que es un peligro enorme”, sostuvo Boasso. Y calificó el accionar del presidente Milei como “otra trastada” y como una “apropiación indebida de fondos”. El gobernador Maximiliano Pullaro se mantuvo en silencio sobre la cuestión, pero está claro que Boasso no se habría lanzado sin su conocimiento.
De acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilados y 23.931 pensionados. En ese entonces, el haber promedio alcanzaba los $571.503.
La nueva puja se da a poco tiempo del encuentro de los mandatarios del PRO y de la UCR con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otros funcionarios de Milei, quien estará en preparativos de su viaje al exterior: cuatro días después será reconocido en Estados Unidos como “embajador internacional de la luz” por parte de la entidad judía ortodoxa Jabad Luvavitch.
Fueron convocados el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Luis, Claudio Poggi; de San Juan, Marcelo Orrego, y el santafesino Pullaro.
Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas para sus cajas previonales sin actualizar, ya incumpliendo la ley. Pero desde enero pasado la Casa Rosada no giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias.
Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió.
El miércoles, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la ley de Presupuesto 2023, prorrogada para este año.
Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran US$ 5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada.
Como en todo sistema previsional, sin importar la órbita en que esté, para que el rojo no crezca, debería haber más trabajadores, un imposible en la línea emitida por el gobierno de La Libertad Avanza, de achicamiento del Estado.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficiarios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Córdoba, Entre Ríos y Formosa. Y esa misma proporción en Santa Fe
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