Allá lejos y hace tiempo, en Francia y en 1748, Montesquieu escribió un libro, El espíritu de las leyes, que estaría destinado a tener una inconmensurable influencia sobre los sistemas políticos universales. Se trata de la base doctrinal del sistema republicano de gobierno y, en especial, con importante gravitación respecto al presidencialismo que inventaron los norteamericanos en 1787.
En uno de sus conceptos más difundidos, dice Montesquieu: “Cuando el Poder Legislativo está unido al Poder Ejecutivo en la misma persona y en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el Poder Judicial no está separado del Legislativo ni del Ejecutivo”. No seguimos transcribiendo porque esto es un diario y no un libro, pero la tentación es grande por lo que pasa en la Argentina con Cristina Kirchner.
La señora ha decidido legislar por decreto, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe, porque es mentira que los célebres decretos de necesidad y urgencia (DNU) puedan usarse como si fueran leyes. El artículo 99 de la Constitución dice: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
Es verdad que, a renglón seguido, se admite que “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios” se lo pueda hacer, pero estamos hablando de momentos de verdadera excepción, ante catástrofes o gravísimas situaciones, pero no como cosa corriente y menos aún cuando el Congreso está plenamente reunido en sesiones ordinarias. No en vano la senadora Cristina había presentado, en su momento, un proyecto restringiendo al máximo esta posibilidad.
La señora no sólo quiere legislar ordinariamente por decreto, sino que ha decidido también hacer caso omiso de las decisiones judiciales. Desde comienzos del siglo XIX, en 1803, hace más de doscientos años, John Marshall, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, sentó un principio que es la base del Estado de Derecho: los jueces no pueden aplicar las normas que entiendan contrarias a la Constitución. Poco después de su organización, nuestra Corte sentó el mismo precepto. Desde entonces, hasta ahora, los gobiernos han aceptado esto, aun en momentos muy difíciles de nuestra vida política.
Sin embargo, rompiendo con la tradición argentina e inaugurando un camino de irremediables consecuencias, doña Cristina Kirchner resolvió dejar de cumplir las órdenes judiciales.
Montesquieu concibió un sistema de frenos y contrapesos, que garantizara las libertades civiles. De aquel entonces hasta hoy, la república democrática lo reconoció universalmente. En la Argentina contemporánea, la antigua presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ha resuelto hacer tabla rasa con la Constitución y con los principios mundialmente aceptados por las democracias. Para ella gobernar es ser dueña de todo el poder. El país institucional se quedó sin frenos ni contrapesos. Lo tremendo es que cuando no hay frenos se termina chocando y sus consecuencias son imprevisibles. Como dice la propaganda: si se pudo evitar no es un accidente. Lo que ocurra no será accidental.
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