Juan Pablo Sarkissian
El impacto del índice de inflación del mes de marzo, que se ubicó en el 7,7 por ciento es el valor más alto desde abril de 2002, a la salida de la convertibilidad, cuando el índice mensual trepo al 10,4 por ciento. El dato no sólo implica un fuerte golpe político al gobierno nacional sino que, fundamentalmente, genera una colosal inestabilidad en las relaciones laborales en todos los niveles.
Que no es otra cosa que acentuar las profundas y estructurales desigualdades existentes entre capital y trabajo. Los ricos ganan y son un poco más ricos y los pobres (muchos con trabajo registrado) son bastante más pobres.
Porque en realidad la cuestión de fondo continúa siendo la misma desde que el sistema capitalista se instaló en el mundo como el “organizador” social, político y económico: en qué punto de disputa está el conflicto eterno entre capital y trabajo.
Indudablemente la coyuntura actual impone análisis y un diagnóstico preciso no sólo para entender la situación sino esencialmente para intentar que accionen los actores involucrados.
Es claro que el movimiento obrero tiene sus miradas. Y el plural es pertinente porque existen distintas visiones. De cualquier modo es deseable la construcción de un eje común que contenga no sólo al “movimiento obrero organizado” sino fundamentalmente al conjunto del pueblo trabajador donde confluyan precarizados, trabajadores sin registrar, monotributistas, jubilados. Al decir del sociólogo paulista Ricardo Antunes, “la clase que vive de su trabajo”.
Otro actor clave, claro está, es el gobierno, entendido como una estructura política que asumió la administración del Estado. Y mucho más si se autopercibe nacional y popular.
En este sentido, exponer la pandemia del covid 19, el enfrentamiento bélico entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y cuestiones del orden de lo estacional (como la sequía) como razones de la crisis, no alcanza.
De lo que poco se habla desde el ejecutivo nacional es del impacto de la política económica que imparte el Fondo Monetario Internacional (FMI), a excepción de CFK.
En realidad sucede algo extraño y también peligroso. Desde el gobierno se reniega del FMI, a veces públicamente, pero se cumple casi con todas las pautas planteadas del organismo internacional.
Existen fenómenos que se materializan independientemente de la voluntad de los sujetos; en esa línea, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA de los trabajadorxs que conduce el diputado nacional Hugo Yasky, elaboro un Informe de Coyuntura.
El texto analiza la economía argentina y sostiene que atravesó una fase de crecimiento en la post pandemia que va más allá del rebote inicial.
Esta fase expansiva estuvo liderada por la producción de bienes y acarreó una importante generación de empleo en 2021 y 2022, cuyo elemento dinámico fueron los trabajadores cuentapropistas e informales.
“La incógnita de este ciclo de crecimiento reside en su sostenibilidad por dos razones fundamentales: la crisis de ingresos que se refleja en un proceso de regresividad distributiva en base a un bajo nivel salarial en contexto de alta inflación, y la crisis de la deuda con sus derivaciones en materia de las escasas reservas internacionales. Ambos elementos conforman lo esencial de la encrucijada actual de la economía argentina”, dice el informe.
Regresividad distributiva y transferencia de ingresos
Según el informe, la reducción en la participación de los asalariados en el ingreso durante la gestión de Cambiemos (del 51,8 por ciento en 2016 al 46,2 por ciento en 2019) se profundizó, increíblemente, en el gobierno del Frente de Todos a casi al 44 por ciento en los tres primeros trimestres de 2022. Esto significo una transferencia de ingresos del trabajo al capital de aproximadamente 87 mil millones de dólares entre 2016 y 2022, de los cuales 48 mil millones fueron en 2021 y 2022.
De esta puja distributiva se consolida un esquema de “ganadores” y “perdedores” que puede sintetizarse al contrastar la contracción de los salarios nominales en relación a los precios al consumidor (salario real) con la evolución de los precios mayoristas de las ramas oligopólicas en relación a los precios al consumidor.
Informalidad laboral en ascenso
Otra faceta del empeoramiento de las condiciones laborales es la consolidación de una tendencia que se inauguró en el gobierno de Cambiemos: el incremento de la participación de los asalariados no registrados en el universo laboral.
El pormenorizado análisis del informe de Cifra da cuenta de la compleja y acuciante realidad económica, política y social que, obviamente, atraviesa el mundo laboral. Pero hay algo más.
En efecto: “Estas dinámicas condicionan la situación actual en el marco del acuerdo con el FMI que no sólo dejó, junto a la restructuración con el sector privado, un comprometido perfil de vencimientos de deuda en moneda extranjera sino también la imposición de, como se planteó en diversos informes de Cifra, un ajuste fiscal que limita la expansión económica y las posibilidades de mejorar la distribución del ingreso. Tal es así que para alcanzar la meta de déficit fiscal el gasto primario cayó 9,6 % en el segundo semestre de 2022”.
Las discusiones a “cielo abierto” del Frente de Todos bien pueden explicar, al menos, dos miradas distintas y opuestas sobre cómo abordar la situación real tras la victoria electoral en 2019 y la herencia recibida; como así también, con los hechos facticos expuestos, de qué modo construir las herramientas pertinentes para resolver la emergencia política, social y el económica.
Como en el pasado reciente, nada de lo hecho y realizado “fue Magia”, en el presente tampoco. Son la elaboración de políticas públicas, que le dicen. Y, claro, con la gente adentro.
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