Ayer, al tiempo que en Tribunales se realizaba una audiencia de constitución de querellante para el caso abierto por la muerte de un niño de 2 años que cayó por el hueco de un ascensor de la torre E del barrio Fonavi de Grandoli al 4600 el 23 de marzo, una residente del lugar contó que aún no concurrieron al edificio los peritos que debían dictaminar en el expediente y que el elevador fue puesto nuevamente en funcionamiento por los mismos vecinos pese a que se encontraba clausurado.
Estela, residente de la torre donde ocurrió el siniestro, confirmó a El Ciudadano que los mismos habitantes del edificio rehabilitaron el ascensor: “Estuvo como un mes sin funcionar y aquí vive gente discapacitada. No se podía seguir esperando a un perito”, explicó.
Del trámite de ayer en Tribunales participaron Aristóteles Arfini, abogado de la familia de la víctima, Nemías Burgos, y el abogado de la empresa de ascensores Nograro, Jorge García Cupé, junto al fiscal Walter Jurado y el juez Gonzalo López Quintana.
“La semana próxima tendré acceso a los papeles que presentó Aníbal Nograro y podré saber si la empresa tiene habilitación municipal y si los ascensores estaban habilitados.
Veremos cuál es la responsabilidad civil de esta empresa; estamos en una etapa inicial, recogiendo elementos y esperando que se haga el informe pericial”, señaló Arfini, quien acompañó en la audiencia a Daniel y Daniela, los papás del menor fallecido, quienes ya no viven en el edificio.
El barrio Fonavi de Grandoli al 4600, con un total de 26 torres con 52 ascensores, no tiene final de obra ni consorcio que permita contar con seguros. Desde la provincia anunciaron que se aportará dinero para normalizar los servicios, hasta ahora provisorios, como electricidad, agua y gas.
Respecto del peritaje aún pendiente, una alta fuente de Servicios Públicos confirmó a este medio que “los ascensores están clausurados. Cuando se quiso hacer el aseguramiento de prueba con un perito el ascensor ya se había usado. Quedó alterado. Esto tiene que ver con las dificultades que hay para inspeccionar; nadie quiere ir porque son lugares pesados”.
El abogado de la familia Burgos señaló que “hay que determinar quién contrata a la empresa que debe cumplir con el mantenimiento: ¿los vecinos o el Fonavi? ¿Qué injerencia tienen la Municipalidad o la provincia? Está claro que acá alguien tiene que responder. No se sabe cuál es la compañía de seguros, cuál es la póliza, acá no se sabe nada. Si el ascensor hubiera funcionado bien, el chico podría haber deambulado por cualquier lado y no quedar atrapado como ocurrió”, concluyó.
Desde la Dirección General de Alumbrado Público, Jorge Nocino, de cuya área depende la fiscalización de los ascensores en la ciudad, había confirmado que en el momento del fatal suceso el que provocó la muerte del pequeño Nemías “se hallaba clausurado desde hacía dos años porque no había ninguna empresa habilitada para que lo mantuviera en condiciones”.
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Nosotros regulamos la relación entre el consorcio y la empresa encargada del servicio de mantenimiento y en este caso no existía, por ello lo habíamos clausurado. Si funcionaba, lo hacía bajo violación de la clausura”, aseguró.
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